PRESENTE Y
FUTURO DEL KIRCHNERISMO
Alguien en el oficialismo puso el piloto automático. Desde
ese momento los funcionarios cercanos a la Presidenta se dedicaron a pensar en
cómo quedarse con poder cuando tengan que entregar el gobierno. Las internas,
las negociaciones, las candidaturas y los últimos favores para amigos y
conmilitones. Y en el medio de toda la fiebre electoral, la muerte política más
significativa de los últimos veinte años prácticamente quedó en el olvido.
Por Marcelo R. Pereyra
DALE QUE NOS VAMOS
En el gobierno
ya empezaron a preparar las valijas. Pero en
la inminente partida no hay andar cansino, ni cabezas bajas ni
resignación. Todo lo contrario: hay mucha actividad, pues ni el músculo duerme
ni la ambición descansa. Hay mucho por hacer. En términos militares, hay que
cubrir la retirada para que el enemigo no sorprenda con una emboscada artera.
Por un lado, se designa en cargos clave de la estructura judicial a favorecedores,
conmilitones y amigos. Las instrucciones son demorar y empantanar todas las
causas judiciales que involucren a los más encumbrados funcionarios, como las
de Hotesur (Cristina Fernández) o Ciccone (Boudou), de manera que se llegue a
las elecciones presidenciales con la menor cantidad posible de condenas y/o con
condenas muy favorables. Como la que recibió la ex ministra de Economía, Felisa
Micheli, quien ante los jueces juró que nunca más iba a guardar plata en el
baño de algún despacho, lloró un poquito, y fue bendecida con una amigable
sentencia que le permitió retirase de los Tribunales por sus propios medios. Por
otro lado, se cubren cientos –quizá miles- de puestos de trabajo en los organismosestatales
con “los pibes para la liberación”, la fuerza de tareas ferviente aplaudidora
de los discursos y bailecitos presidenciales. Además, se zurcen las últimas
licitaciones de obras públicas a la medida de empresarios que son del palo,
hombres y mujeres que siempre agradecen muy bien estos gestos amables. Dentro
de este rubro cabe destacar que, cinco años después de haber sido sancionada la
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFSCA ha decidido llamar a
concurso para 82 nuevas señales que emitirán en Televisión Digital Terrestre,
con recepción libre y gratuita. Con estos concursos podrán adecuarse a la ley
empresas amigotas del gobierno que hasta ahora habían emitido sin licencia –mientras
la AFSCA miraba para otro lado-, como C5N (Cristóbal López), CN23
(Szpolski-Garfunkel) o 360TV (Electroingeniería).
MÁXIMO MÍNIMO
Pero la tarea ciclópea que desvela a los más
encumbrados habitantes de la Casa Rosada es diseñar estrategias para conservar
la mayor cantidad de poder luego de que se opere el recambio presidencial.Es un
trabajo sumamente delicado para los estrategas oficialistas que analizan la
situación política provincia por provincia. A los candidatos que tengan
posibilidades de ganar tratarán de ayudarlos, dentro del estrecho corsé en el
que los ha metido el ministro Kicillof y sus políticas de ajuste para los de abajo.
Al resto le soltarán la mano sin piedad: no es bueno quedar pegados a la imagen
de los derrotados. Las elecciones del domingo 12 de abril en Salta serán la
primera oportunidad para evaluar resultados. No obstante, el hueso más duro de
roer es la provincia de Buenos Aires.Allí competirán diez candidatos en las
internas del partido oficial. Martín Insaurralde, el que parecía que se había
ido pero volvió, acaba de confirmar su pre candidatura.
En cuanto a la
candidaturas a presidente todavía no hay definiciones. El pre candidato más
afín con la “mesa chica” de la Presidenta es el ministro Florencio Randazzo, a
quien le han dado una mano gigantesca repleta de dólares para comprar vagones
para los trenes de la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios. Faltaría
solamente adecuar el resto de las instalaciones y el funcionamiento de estos
trenes, porque los pasajeros siguen viajando mal, pero eso sí en vagones muy
lindos y modernos. Randazzo también ha levantado como si fuera una gran hazaña
la bandera de la “nacionalización” del sistema ferroviario. Es muy loco que los
mismos que cerraron el ferrocarril ahora se ufanen de haberlo reabierto. De
todas formas, la reanudación de servicios a ciudades como Mar del Plata y
Rosario todavía es muy precaria, aunque el ministro la haya anunciado como un
hecho consumado.
Sin embargo, el
pre candidato del Frente para la Victoria que mejor “mide” es Scioli (vaya uno
a saber por qué). Pero Cristina Fernández no lo quiere (vaya uno a saber por qué).
Y no es de ahora: basta recordar aquella humillante filípica que ella, siendo
senadora, le espetó en la cara durante una sesión del senado que presidía el
motonauta, por entonces vicepresidente de la Nación. Pero como la política es
el imperio del pragmatismo, en algún momento Cristina Fernández se tendrá que tragar
el sapo de bendecir a Scioli, siempre y cuando lo acompañe como candidato a
vice gobernador un hombre del riñón cristinista (¿Kiciloff?).
Otro que empezó
a sonar como candidato a “algo” es el hijo de la Presidenta. Sobre todo después
de que se concretara una inédita operación mediática destinada a que Máximo
pudiera defenderse de acusaciones periodísticas relativas a sus cuentas
bancarias “secretas” en el exterior. Para esa operación se armó una entrevista
por radio Continental de Máximo con Víctor Hugo Morales, de la que el hijo
presidencial terminó con chichones en la cabeza de todos los centros que le
mandó el conductor radial para que los cabeceara a su gusto. Lo inédito es que
los 45 minutos que duró el servil reportaje fueron retrasmitidos “en vivo y en
directo” por varios canales de noticias. Se inauguró así la modalidad de la
cadena privada, la cual hubiese sido imposible cinco años atrás, cuando el
gobierno todavía no había empezado a comprar medios y periodistas.
Como sea, lo de
Máximo está bastante crudo. El muchacho no sacó el talento y la vocación para
la política de sus padres. Las encuestas le dan horrible, incluso como eventual candidato a intendente de Río Gallegos –el cargo
con el que inició su carrera política su padre-, una ciudad en la que los
únicos que lo quieren son sus amigos.
¿Y NISMAN?
Un día un
fiscal, que trabajó en una única e importante causa durante diez años,
acumulando pruebas y escuchas telefónicas, presentó una denuncia judicial
acusando a la Presidenta de unpaís, y a otras personas, de haber pactado con
otro país el encubrimiento de un atentado con explosivos en el que murieron 85
personas y más de 300 resultaron heridas. Cinco días después, y cuando se
aprestaba a explicar su denuncia en el Congreso, el fiscal apareció muerto en
su departamento en circunstancias poco claras. Dos meses más tarde, la denuncia
del fiscal, fue rápidamente rechazada dos veces en los Tribunales. En ambos
casos, los jueces desecharon la mayor parte de la prueba aportada por el
muerto. En cambio, la fiscal a cargo de
la investigación de la muerte de quien en vida fuera su colega, una veterana
funcionaria a punto de jubilarse, todavía no
determinó si éste se suicidó o si fue asesinado. De todas formasya nadie
se acuerda de él, salvo algún diario oficialista que de tanto en tanto publica noticias
que pretenden desprestigiar la imagen personal o la labor profesional del
desaparecido funcionario, quien había sido designado en su cargo por el mismo
gobierno al que él denunció. Así, la muerte política más relevante de los
últimos veinte añosse transformó en un obsceno conventillo judicial de reyertas
abogadiles, acusaciones, nulidades, recusaciones, renuncias, filtraciones a la
prensa, operaciones mediáticas y violaciones a la intimidad de las personas. A
la vez, los políticos oficialistas y opositores dejaron de recriminarse
mutuamente por la muerte del fiscal y están todos ocupados con sus campañas
electorales, que básicamente consisten en pelearse entre ellos.
Este párrafo
bien podría ser el guión de una película de Hollywood. Pero no lo es. Es el resumen
de lo sucedido con el caso Nisman desde el 19 de enero hasta principios de abril.
Su caracterización como relato cinematográfico no es caprichosa: proviene de la
increíble sumatoria de negligencias, indefiniciones, demoras injustificadas y
operaciones políticas cruzadas que lo convierten en poco verosímil. Y sin
embargo todo es verdad.
Aunque usted no
lo crea.
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MASACRAN A 148 ESTUDIANTES EN
ATENTADO TERRORISTA
El atentado
a los estudiantes en Kenia tuvo poca cobertura mediática y escasa solidaridad
de gobiernos, partidos políticos y movimientos populares. La responsabilidad de
Estados Unidos y la estigmatización del Islam.
Por Atilio Borón
Una milicia jihadista, el Al
Shabaab, atacó a mansalva a los estudiantes de una universidad en Garissa,
Kenia, ultimados con ametralladoras o fusiles de alto calibre. Hasta ahora son
148 los muertos.
Quiero señalar cuatro cosas:
(a) Que la noticia apenas si fue
reportada por la prensa hegemónica en América Latina, con un poco más de
cobertura en Estados Unidos y Europa.
(b) Que
la solidaridad de gobiernos, partidos y movimientos populares con las víctimas
de esta atroz matanza ha sido incomparablemente menor que la que tuvo Charlie
Hebdo.
(c) Que el auge
del terrorismo islámico es el resultado de una compleja cadena causal cuyo
determinante inicial es la política de Estados Unidos y las potencias
coloniales europeas en Oriente Medio, y que el fundamentalismo jihadista fue
alentado por EEUU para repeler la invasión soviética en Afganistán. Allí
reclutaron, financiaron y armaron a Osama bin Laden. El grupo Al Shabaab se
declara perteneciente a Al Qaida. Bin Laden luego hizo lo que le convenía y se
olvidó de sus mentores. Los kenyatas que hicieron este crimen también.
(d) Por último, el jihadismo NO
REPRESENTA al Islam, como Hitler, Franco o Mussolini no representaban a
una religión como el cristianismo, surgida de la lucha anticolonial en
contra de Roma, o como Netanyhau y su gavilla no representan al
judaísmo. ¡Cuidado con caer en la trampa de la derecha norteamericana y
europea y satanizar al Islam a partir de la acción de estos fanáticos!
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CRECEN LAS PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE DILMA
Lo que más llama la atención no es
la capacidad de convocatoria de una derecha que no es vergonzante. La noticia
es el bajo nivel de convocatoria de las organizaciones petistas en un contexto
que no es de pasividad de las clases trabajadoras en Brasil. Los trabajadores
precarizados, que viven, en su gran mayoría en las periferias de las ciudades,
redujeron su apoyo electoral al PT, pero no se desplazaron para la oposición de
derecha.
Por Silvia Beatriz Adoue
Después de
las elecciones, el gobierno de Dilma Rousseff convocó para componer el gabinete
ministerial a notables antagonistas históricos del Partido de los Trabajadores
(PT) como Joaquim Levy (ministro de hacienda) y Kátia Abreu (ministra de
agricultura, pecuaria y abastecimiento). Es verdad que se esperaba que este
nuevo gobierno redujese las políticas sociales, pero no se esperaba que los
operadores de tal reducción fueran esos nombres. Joaquim Levy, por ejemplo, era
del equipo de asesores del candidato derrotado Aécio Neves. Kátia Abreu, por su
parte, fue presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA), que
reúne lo más importante de la burguesía agraria brasileña y enemiga declarada
de la reforma agraria, de los pueblos indígenas y tradicionales y de los
ambientalistas. Después de una victoria electoral apretada -pero victoria al
fin- el gobierno del PT aplica las recetas de la oposición. El escaso margen y
la nueva composición del parlamento llevaron al partido gobernante a estrechar
sus vínculos con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de su
base aliada en el congreso, que recibió no pocos cargos de confianza en el
ejecutivo.
Todo esto
ocurre en medio de la operación “Lava Jato”, proceso de investigación de un
gran esquema de coimas de las empresas privadas contratistas de la Petrobrás,
hoy una empresa de economía mixta. Si bien esa práctica era sistemática aun
desde antes de los otros tres gobiernos del PT e involucraba la gestión del
Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), principal partido de
oposición, no hubo ninguna señal durante los gobiernos petistas de
investigarla. La práctica continuó en los últimos doce años.
Hace ya
tiempo que el PT rompió sus lazos orgánicos con la clase trabajadora que le dio
origen. Es más: la clase trabajadora que creó el PT se reconfiguró con la
reestructuración productiva de los años ’90. Y la central sindical más
importante, creada por los cuadros petistas, hoy representa una parte de la
clase trabajadora que no es el sector precarizado por la flexibilización de las
leyes laborales que comenzó con el gobierno del PSDB, pero que el PT continuó y
profundizó. Este cuadro produjo una gran caída de la cantidad de huelgas desde
1996, cuando hubo 1228 huelgas, llegando al número más bajo después del retorno
a gobiernos civiles en 2002, año en que comenzó el primer mandato del PT, con
el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando hubo sólo 298 huelgas en todo
el país.
Pero en
2013, año de la retomada de las grandes movilizaciones, el Departamento
Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) viene
anunciando extraoficialmente que el número de huelgas llegó a la marca de 1989,
año con mayor número de huelgas desde el golpe militar de 1964. Y hay razones
para suponer que la cantidad de huelgas de 2014 superó la de 2013 y continúa
aumentando en lo que va del año 2015. Esas huelgas involucran un gran número de
trabajadores de servicios, sector en el cual se encuadra la mayoría de los
trabajadores y trabajadoras precarizadas.
Esos
trabajadores precarizados, que viven, en su gran mayoría en las periferias de
las ciudades, redujeron su apoyo electoral al PT, pero no se desplazaron para
la oposición de derecha, encabezada por el PSDB. El gran número de votos que el
PT perdió en la primera vuelta de 2014, y que representan tres millones de
votos menos que los que votaron a Lula en la primera vuelta de 2006, explican
en gran medida los casi 39 millones de votos inválidos, alcanzando el
porcentaje de 27% del electorado, colocado en segundo lugar, después de los
votos a Dilma Rousseff en 2015. Gran parte de esos votos inválidos volvieron al
PT en la segunda vuelta, ante el riesgo de triunfo electoral de la derecha.
Las grandes
empresas de comunicación apoyaron abiertamente al PSDB y llevan adelante una
campaña para desgastar al gobierno electo. Divulgaron la convocatoria de actos
contra Dilma Rousseff el domingo 15 de marzo, en todas las grandes ciudades,
por parte de tres organizaciones de extrema derecha, de articulación reciente:
“Revoltados Online”, “Vem pra Rua” y “Brasil Livre”, cuyas consignas van desde
el pedido de juicio político (impeachment) hasta el fin de lo que ellos
llaman la “dictadura gay” (reconocimiento de los derechos de los homosexuales,
lésbicas, bisexuales, transgénero y travestis). Parte del léxico de esa derecha
expuesta incluye el combate al “bolivarianismo” en Brasil. Acompañados por la
bancada parlamentaria de los evangélicos y por los nostálgicos del gobierno
militar. Al punto que en los camiones de sonido aparecían pancartas llamando a
la intervención militar. Y en uno de los tres palcos llegaron a liberar el uso
del micrófono para el conocido represor Carlos Alberto Augusto, “Carlinhos
Metralha”, comisario jubilado apuntado como torturador y asesino frente a la
Comisión de la Verdad.
La Central
Única de los Trabajadores (CUT), que apoya al gobierno, llamó a una
movilización en todas las capitales de estado, contra el juicio político y por
la defensa de los derechos sociales, como el seguro de desempleo, amenazados
por las nuevas medidas impulsadas por el ministerio de hacienda. El mayor, como
era esperado, fue en la ciudad de San Pablo, coincidiendo con una gran asamblea
de los profesores de la educación pública, que decidieron una huelga por tiempo
indeterminado contra las medidas del gobierno del estado de San Pablo, del
PSDB, donde se redujeron pronunciadamente la cantidad de aulas. La asamblea fue
convocada mucho tiempo antes y reunió 12 mil trabajadores, y gran parte de los
profesores que se reunieron no quisieron sumarse a la manifestación de la CUT,
que aparecía claramente en los medios de comunicación como un movimiento de
apoyo a Dilma Rousseff. Los maestros hicieron su propia manifestación.
Si bien la
CUT y los movimientos sociales afines al gobierno movilizaron todo el aparato
para engrosar la manifestación contra el impeachment de Dilma Rousseff,
no consiguieron un número superior a 50 mil personas. Ellas eran, en su gran
mayoría, organizadas por los partidos, sindicatos y movimientos que apoyan al
gobierno. La izquierda no petista y movimientos sociales de importancia
nacional, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), muy activo
en ocupaciones urbanas y creciente en los últimos años, y el Movimiento por el
Pase Libre (MPL), que inició los movimientos contra el aumento de los pasajes
del transporte público en 2013, no participaron.
Dos días
después, la movilización contra el gobierno en el mismo espacio en la ciudad de
San Pablo superó las 200 mil personas. Estos manifestantes, en su gran mayoría,
no estaban organizados por los que convocaban. Según una investigación
realizada por Natália S. Bueno, el 47% dijo movilizarse contra la corrupción y
sólo 27% lo hacía pidiendo el juicio político de la presidenta[1]. Esa investigación también comparó la franja de
renta de los manifestantes del día 13 y del día 15 de marzo. Allí se destaca la presencia importante en la
movilización del día 15 de una clase media alta, pero también de una clase
media trabajadora. La Fundación Perseu Abramo también hizo una investigación
comparativa de las dos manifestaciones que fue publicada por la revista Forum,
en las que destaca la variable “color/raza”[2]. De la observación del resultado de las dos
investigaciones podemos decir que la manifestación del día 15 fue más rica, más
blanca y más masculina que la del día 13. Vestidos de
verde y amarillo o negro. Haciendo sonar “vuvuzelas”. Hostilizando a todo aquel
que tuviera alguna prenda roja. Golpeando cacerolas de teflón. Así se presentaban
los manifestantes del día 15.
Pero lo que
más llama la atención no es la capacidad de convocatoria de una derecha que no
es vergonzante. La noticia es el bajo nivel de convocatoria de las
organizaciones petistas en un contexto que no es de pasividad de las clases
trabajadoras en Brasil.
Durante la
semana que precedió a las dos manifestaciones, la presidenta por un lado
desestimuló la convocatoria para día 13 y llegó a calificar como una expresión
de la democracia la del día 15. El propio expresidente Lula no participó del
acto del día 13. Así como el candidato derrotado, del PSDB, no participó del
acto del día 15. Probablemente, por motivos diferentes. Las figuras más
notorias del PSDB, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, dicen que no
están impulsando el jucio político a la presidenta. No hay bases legales para
tal iniciativa. La operación “Lava Jato”, que es el argumento más agitado por
los partidarios del impeachment, no evidencia cualquier participación o
complicidad de Dilma Rousseff con el esquema de corrupción. Probablemente, el
PSDB está apostando al desgaste del gobierno, y al efecto de la crisis
económica sobre las políticas sociales asistencialistas que fueron marca de los
gobiernos del PT. Lula, por su parte, está intentando crear una articulación
que contenga el descontento de las clases trabajadoras con el gobierno, pero
tomando suficiente distancia para que sus medidas antipopulares no lo
salpiquen, ya que pretende ser candidato a la presidencia en 2018.
Fuera la
gran industria de comunicación, comandada por el conglomerado Globo y que
incluye los diarios Folha de São Paulo y la revista Veja, las otras
fracciones de la burguesía no se han pronunciado abiertamente. No se lanzan a
aventuras. Pero observan con atención el desarrollo de la crisis en la esfera
política. El presidente Barak Obama el sábado 14 dio una señal de que no retira
el apoyo al gobierno brasileño, en el contexto de una reaproximación, después
de la tensión diplomática que sucedió a la revelación de Snowden sobre las
escuchas estadounidenses al gobierno brasileño. En tiempos en que los BRICs
amenazan desequilibrar la hegemonía de EUA en parcelas del mercado, la buena
relación con Brasil es tácticamente deseable para el gobierno estadounidense.
Pero ese
escenario es dinámico. La gran ventaja para el capital que representaron los
gobiernos del PT fue la de impulsar la expansión del agronegocio, de la minería
y de las obras de infraestructura y tornar al Estado brasileño vector de esa
expansión por medio de financiamientos e inversiones del Banco Nacional de
Desarrollo Social (BNDS) en el territorio brasileño y también en América Latina
y África. E hicieron eso reduciendo las resistencias por el recurso de la
absorción de los conflictos por el Estado, incluyendo a las organizaciones
populares como mediadoras y produciendo políticas públicas negociadas. En la
medida en que este gobierno no consiga más operar de esa manera y contener los
conflictos, desaparece la ventaja.
Mientras
suenan las cacerolas, las clases trabajadoras están aumentando su capacidad de
acción en las luchas laborales, por vivienda, educación y salud. Los pueblos
indígenas no se han dejado reducir a la pasividad ante el avance sobre sus
territorios y realizan tomas de sus tierras en varios estados. Ellos son el
“imponderable”. Resta saber si pueden articularse entre sí para responder
nacionalmente al proyecto del capital, cuya dirección se disputan los dos
sectores políticos que se sucedieron en las últimas dos décadas.
Notas
[1]
http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2015/03/22/pesquisa-da-perseu-abramo-traca-perfil-dos-manifestantes-de-1303-e-1503/
[2]
https://sociaisemetodos.wordpress.com/2015/03/21/quem-protesta-no-brasil-comparacao-entre-20-de-junho-de-2013-13-e-15-de-marco-de-2015-e-a-populacao/
http://contrahegemoniaweb.com.ar/
ENTREVISTA
AL INTELECTUAL, CATEDRÁTICO Y AMBIENTALISTA EDUARDO GUDYNAS
Eduardo Gudynas hace una descripción del extractivismo y la matriz
productiva de los llamados gobiernos progresistas de Sudamérica. El
intelectual, catedrático y ambientalista propone, a la par a la crítica al
modelo desarrollista, alternativas para salir del extractivismo debido a los
impactos sociales, culturales, políticos y económicos que tiene para nuestras
naciones.
Por Redacción de PlanV
¿Qué es el extractivismo? Es un término que tiene historia por detrás y
se lo vincula directamente a los impactos de la explotación petrolera y minera
en los países del sur. Y fue acuñado hace décadas para referirse a situaciones
muy graves que ocurrían en los países petroleros de África y del Medio Oriente.
Más recientemente, el concepto ha sido reformulado para enfocarse en la
exportación de grandes volúmenes de recursos naturales o la exportación en la
cual su explotación exige una gran intensidad y por tanto tienen altos impactos
ambientales, y que el destino de esta exportación es a los mercado globales.
Explotación de petróleo y minería no es sinónimo de extractivismo, que es
emprendimientos de gran volumen, explotados con alta intensidad y que se
exportan.
¿También el monocultivo? Bajo esa definición también son actividades
extractivas el monocultivo, donde el ejemplo más claro es la soya en el Cono
Sur. Son exportaciones de materias primas como productos primarios, sin
industrializar. Es también extractiva la pesca de altos volúmenes de pescado
para hacer harina y exportarlo como harina de pescado, las piscinas
camaroneras. Bajo esta nueva concepción se incluyen a sectores agrícolas y
forestales.
La crítica al extractivismo involucra a casi todos los productos de
exportación, lo cual nos dejaría como país sin recursos para exportar y por
tanto para vivir como país. La crítica al extractivismo pone como evidencia
que las ofertas exportadoras de nuestros países son realmente muy pobres porque
están basadas en pocos productos. Por tanto, puede haber casos donde un país
diversifique su matriz de exportación con varios productos y eso permite
reducir la presión extractivista. Hay varios países que tienen un importante
sector extractivo pero que su oferta exportadora no son solo materias primas.
Los dos casos que se pueden ilustrar son Canadá y Australia, que exportan
muchas cosas pero también materias primas. En tercer lugar, la crítica al
extractivismo pone en evidencia el impacto social y ambiental de la producción.
Podemos tener exportaciones de recursos naturales con mucho menor impacto
social y ambiental; puedo tener una exportación agropecuaria diversificada, que
es muy distinta a una exportación basada en la soya. Puedo tener una oferta
agrícola diversificada y basada en alimentos naturales que es muy distinto a
exportar solo soya.
¿El extractivismo es un sistema cultural o tiene raíces culturales? Yo
digo que tiene raíces culturales. Hay algunos autores que creen que todo el
desarrollo es extractivista. Yo no lo creo así, las estrategias de desarrollo
de los países son complejas, hay unos rubros extractivistas pero el desarrollo
y el extractivismo no son sinónimos, por más importante que sea el petróleo,
por ejemplo para Ecuador. La reflexión que hacemos es: por qué a pesar de
tantos impactos sociales y ambientales los políticos, por la vía conservadora o
la progresista son extractivistas y por qué la gente lo tolera. Y lo que hay
que admitir es que hay unas raíces culturales latinoamericanas que aceptan y
toleran el extractivismo y lo ven bien.
¿El extractivismo y sus impactos, incluso de sectores sindicales que están
convencidos de que la contaminación es un costo que hay que pagar? Hay una
herencia histórica de décadas, del sueño latinoamericano de que somos países
con grandes volúmenes de recursos naturales y que nuestro problema era que no
sabíamos explotarlos. Ese es un mito que viene desde la colonia. Luego, hay un
sentido de revancha: luego de tantas décadas de sufrir en los mercados
internacionales, ahora que tenemos altos precios en las materias primas porqué
no aprovecharlo. También hay una cierta pereza en los gobiernos progresistas de
no haber sido capaces de haber seguido explorando caminos alternativos
distintos a la dependencia de materias primas; no disponen de otras
herramientas de desarrollo, y por lo tanto vuelven a caer en las materias
primas.
Cuando el gobierno del Ecuador resolvió explotar el Yasuní afirmó que
estábamos sentados en un saco de oro y que los ambientalistas pretendían es
mantener pobre a la gente porque los recursos naturales sirven para combatir a
la pobreza ¿qué opina de esto? Primero, los que defienden el extractivismo
usualmente hacen mal las cuentas, porque no restan los daños y costos
económicos que genera el extractivismo; no restan los costos por contaminación,
los costos por desplazamiento de transacciones productivas locales, no restan
los costos de subsidios perversos y ventajas que otorgan a las empresas que
vienen a hacer la explotación. Por lo tanto, la cuenta de cuánta plata
realmente se gana es muy incierta. Segundo, no es correcto del todo decir que
de cada dólar del petróleo que entra al país es un dólar que se va a usar en la
lucha contra la pobreza. Porque esa asignación de recursos se distribuyen en
los fondos del Estado y solo una fracción pequeña va a parar a la lucha contra
la pobreza. Y tercero, estos Estados, los progresistas, hace poco tenían mucha
plata, sus gastos en los bonos eran pequeños en el presupuesto fiscal y usaban
enormes contingentes de dinero en otros fines en vez de diversificar la
producción. Había dinero para diversificar la producción. Ejemplo concreto: voy
a tener que subsidiar a empresas de explotación petrolera, o me conviene usar
esos recursos para subsidiar la diversificación agrícola y ayudar al pequeño
sector agrícola para ser más competitivos. Cuarto, esta visión de aprovechar
los recursos naturales es una visión reñida con los propios antecedentes
históricos de la reflexión conceptual de la izquierda latinoamericana. La
izquierda siempre vio mal la dependencia de las materias primas y criticó es.
Quienes sostenían la idea de aprovechar los recursos naturales para hacer el
salto al desarrollo eran los pensadores de la economía convencional. Y quinto,
tenemos ejemplos de países no extractivistas que funcionan muy bien y tienen
muy bajos índices de pobreza, bajos índices de indigencia y no tienen el 80% de
su canasta de exportaciones basada en un recurso natural. Por ejemplo Uruguay:
miren el patrón exportador de Uruguay, que tiene una economía diversificada,
donde hay recursos naturales pero en un nivel mucho más bajo que el nivel
ecuatoriano, y tiene una ventaja con acciones basadas en el sector agrícola y
ganadero, porque permite resolver los problemas de pobreza rural, genera mucho
más empleo que el extractivismo, que genera muy poco empleo y permite desandar
un camino que padecen algunos países andinos y es que se han hecho tan
extractivistas que han perdido su capacidad de producir alimentos. Entonces,
tienen que exportar barriles de petróleo o carbón para comprar alimentos; mejor
produzcamos nosotros mismos los alimentos. Y siguiendo ese razonamiento,
nosotros tenemos muchas más capacidades para hacer agroindustria que hacer
industrias a partir de los minerales; construir siderúrgicas es un proceso muy
costoso, tarda mucho tiempo y consume mucha energía.
Sin embargo hay gobiernos, como el ecuatoriano, que a pesar de esta lógica
virtuosa insisten en el extractivismo de modo radical, ¿por qué se da esto?
No solo el ecuatoriano, el gobierno uruguayo quiere desandar en la
diversificación, quiere hacerse minero. Los gobiernos progresistas no han
logrado aprovechar esta época de bonanza en explorar otras formas de
desarrollo. No las han explorado; tienen una dependencia tan grande con los
recursos fáciles de obtener que han abandonado esas otras exploraciones. Hay
una culpa en estos gobiernos porque son los principales responsables de eso.
A pesar de todo el Ecuador hace un ministerio de minas, amplía las fronteras
agrícola y petrolera, ¿qué pasa con los impactos? Nosotros dividimos los
efectos en dos grandes familias. Una son los impactos locales, que son impactos
ambientales, por ejemplo contaminación; hay impactos sociales, por ejemplo
comunidades que deben abandonar territorios donde hacían agricultura; hay
impactos sociales de la llegada del extractivismo que usualmente está asociada
a incremento de la violencia social, prostitución, trata de mujeres; hay
impactos sociales en la división dentro de las comunidades, entre los que están
a favor o en contra del extractivismo, y finalmente estallan conflictos locales
por sectores que resisten a esto. Luego tienes impactos territoriales, que son
afectaciones a territorios preexistentes, por ejemplo de pueblos indígenas; hay
impactos económicos pues las redes incipientes de economías locales desaparecen
aplastadas por la empresa extractivista.
¿Y qué ocurre a escala nacional? En paralelo hay lo que nosotros
llamamos el efecto derrame sobre cómo funciona todo un país. Y eso implica
aceptar que haya violaciones de derechos humanos para que entre el
extractivismo, y esa es una cosa que acepta el gobierno y todo un país. Otorgar
beneficios a las empresas extractivistas, controlar la protesta ciudadana,
vigilar a los líderes locales, criminalizar manifestaciones populares;
entonces, cuando el Estado reacciona en cada uno de estos rubros se crea
efectos derrame que cambian la dinámica política, económica y cultural del país
y esto cambia para todo: hay una visión recortada de la participación
ciudadana, de los derechos y así sucesivamente. Bajo esa formas recortadas se
genera o se acentúan democracias cada vez más presidencialistas.
¿Ahí se consolida y se requiere el liderazgo fuerte que perdura y es
incontrastable, además? Esos líderes dicen: vamos a hacer minería y no se
puede discutir más. Y la legitimación de esto es que yo gané las elecciones.
Mecanismos que habían antes, de contrapesos entre los poderes, por ejemplo el
poder judicial que controla lo que hacen los otros poderes, o respeto del poder
ejecutivo los poderes locales de los municipios desaparece; contrapesos de
democracia participativa de hacer consultas o referendos son anulados.
¿Se está refiriendo al Ecuador o es una matriz que se repite en todos los
países? Se repite en todos los países, con diferentes gradientes, en
algunos casos es más suave en otros es más fuerte. Pongo algunos ejemplos de
otros países que pueden tener resonancia en el Ecuador: en Uruguay, el
presidente Mujica ha impedido e incluso ha anulado las resoluciones municipales
que declaraban a los municipios como libres de megaminería. El gobierno de
Cristina Fernández de Kichtner tenía un programa de la Policía para vigilar y
controlar a los líderes ciudadanos de la protesta. El gobierno de Lula no
perseguía a la protesta pero judicializaba a los lideres ciudadanos; y por lo
tanto les impedía seguir ejerciendo su protesta. El gobierno central deja de
aplicar con rigurosidad los controles ambientales; es el caso de Bolivia, que
tolera los incumplimientos ambientales y se genera contaminación. Es esto el
efecto derrame: hay alteraciones de la dinámica democrática, de la dinámica
política y en cómo funcionan las relaciones sociales. A mí, lo que más me
impacta es que se tolere las violaciones de los derechos; porque una de las
conquistas de los países del sur de los últimos años es un fuerte apego al
sistema de derechos. O sea, a través de los extractivismos se tolera que se
invada una comunidad o se lleve preso a algún dirigente o que nunca se
investiguen asesinatos de líderes.
En nombre del “bien mayor” que es el la lucha contra la pobreza… En nombre de que necesitas la plata del extractivismo
para combatir la pobreza. Eso la gente lo está comenzado a tolerar y eso me
genera alarma.
¿Por qué es tan parecido todo esto en América Latina? Se aplica de
manera distinta, los estilos son diferentes, pero el caroso –como decimos los
uruguayos- es el mismo. Y eso es por la adhesión a ideas convencionales del
desarrollo que tiene que ver con esto de la cultura. Nosotros en el fondo
tenemos una idea de desarrollo occidental; queremos el auto propio, el
televisor de plasma y así sucesivamente y eso ha permeado todos los sectores;
un bienestar material, el consumismo. Entonces, los gobiernos progresistas han
generado una gran adhesión social basados en varias patas: una es el consumo popular,
en todos los países con gobiernos progresistas se ha disparado el consumo
popular; han aumentado la inauguración de centros comerciales y el acceso a
bienes de consumo electrónicos y de vehículos. El otro soporte es que a los
sectores más desvalidos, más empobrecidos y marginados les doy un bono mensual,
que es muy fuerte en Bolivia, Ecuador y en alguna medida en Brasil. Y la
tercera pata es una retórica de nuevo tipo, que hace apelaciones a lo nacional,
a lo popular; es una retórica que tomó prestadas ideas y conceptos de la
izquierda tradicional latinoamericana, pero las ponen en un contexto
desarrollista convencional que era muy ajeno a las discusiones de esa misma
izquierda veinte años atrás. Ese trípode más o menos funciona porque el consumo
popular da el sustento que tienen estos gobiernos, sobre todo con las clases
medias; también dan esa legitimidad los programas de reducción de la pobreza y
sirve para la propaganda.
¿Son gobiernos posneoliberales o qué son los gobiernos progresistas? Hay
que ser cuidadosos con las palabras. No creo que los gobiernos progresistas
sean conservadores o neoliberales; todos son posneoliberales, hasta el gobierno
colombiano de Juan Manuel Santos, pero lo posneoliberal no describe muchas
cosas de la situación actual. Los gobiernos progresistas no son gobiernos de la
izquierda que se pensaba a fines de los noventa y a principios del año dos mil.
Los gobiernos progresistas son un nuevo bicho político, que es el progresismo y
en el cual un factor predominantes para configurarlo es el desarrollismo
convencional (porque la izquierda quería salir del desarrollismo convencional,
quería hacer otro modelo de desarrollo, luego podemos discutir si es bueno o
malo) que sigue exportando materias primas, como en el siglo diecinueve, y se
lo festeja; estos gobiernos no han logrado instalar programas efectivos de
industrialización –en la administración del PT, Brasil se ha
desindustrializado-somos más extractivistas que antes, tenemos democracias –no
hay dictaduras- pero son muy recortadas por el híperpresidencialismo y el
énfasis electoralista donde hay una negociación entre tener democracia
electoral y aceptar recortar algunos derechos de las minorías. Entonces, este
es un animal político nuevo que no tiene semejanzas con los anteriores y es muy
distinto de lo que pasa con otros países del globo y despierta algún grado de
adhesión porque mucha de esta gente es simpática, Mujica es simpático, Evo
Morales tiene esa imagen de dirigente indígena, Chávez tenía su carisma; claro,
si yo comparo a estos presidentes sudamericanos con los presidentes
conservadores que hay en Europa la situación acá es mucho mejor; eso explica la
admiración que hay por allá al experimento este progresista sudamericano; pero
para el ciudadano de a pie que vive los regímenes progresistas lo cambios no se
resolvieron ahora, hay una lista enorme de problemas que hay que atender, y
estos gobiernos insisten en que ellos son la última alternativa, el fin de la
historia, y cualquier otra alternativa es de derecha.
¿El eje está ahí, en el progresismo versus izquierda? Creo que el eje de cambio radical, y por eso se ha
desatado un debate, es en las discusiones alrededor de la idea genérica del
Buen Vivir. Esta idea implica salir del debate repetido de los últimos setenta
años de las variedades del desarrollo; te saca de la discusión sobre el
desarrollo. Y me permite iniciar una discusión, para ir más allá de las ideas
convencionales de desarrollo y permite hacer algo que es indispensable para la
situación latinoamericana que es recuperar el diálogo y con respeto, con
saberes de pueblos indígenas. No me gusta, no comparto y a veces me entristece
esta manía de muchos intelectuales latinoamericanos de tener que seguir solo
reflexionando y pensando con la política europea y con autores en inglés o en
francés; hagamos un poquito más de política con quienes están acá al lado
nuestro, aprendamos un poco más de ellos. Y ellos, como en parte está fuera del
desarrollo, son fundamentales para pensar órdenes alternativos a las ideas convencionales
de desarrollo. Ahí está la novedad. Y eso explica que en el gobierno de Evo
Morales y de Rafael Correa haya una batalla por capturar la idea del Buen Vivir
y reformatearla para hacerla afín a una lógica desarrollista convencional., que
en el caso ecuatoriano se llama Socialismo del Buen Vivir y en el Boliviano se
llama Buen Vivir como Producto del Desarrollo Integral. Es tratar de capturar
eso que tiene unos enormes poderes de ruptura profunda y de alternativa.
¿Hay alternativa al extractivismo, al desarrollismo? La idea básica de
la alternativa al extractivismo es que se pueden tener exportaciones mineras y
petroleras para necesidades regionales y nacionales, pero no para nutrir el
consumo de países industrializados o de China. Luego, tengo que reducir el
papel de esos sectores extractivos y como complemento tengo que aumentar el
papel productivo de los sectores agropecuarios. Eso requiere desarmar los
subsidios y transferencias, muchas de ellas ocultas, que hacen los gobiernos a
los sectores extractivos o vinculados al extractivismo y comenzar a usar ese
dinero, que sí hay, para promover estas alternativas productivas. Necesitamos
ordenamientos territoriales efectivos y una integración regional en serio. Hay
varias alternativas que se discuten en diversos países, por distintos sectores,
de cómo generar estos procesos de cambio para salir de la dependencia de
minería, petróleo y monocultivos.
¿Y por dónde
van las resistencias desde lo político? Creo que lo están comenzando a pensar poco a poco. Hay una discusión
florida y potente en Perú en torno a los caminos alternativos al extractivismo.
Ha comenzado bajo un ambiente hostil, pero ha comenzado en Bolivia, porque se
ha visto que extractivismo de empresas estatales o un cooperativismo
capitalista popular sigue siendo contaminante. Y todo eso implica un debate
político, pero este tiene dos particularidades: estas alternativas son
postcapitalistas y postsocialistas a la vez, eso no lo entiende todo el
espectro del progresismo de izquierda, porque para muchos de ellos el final de
la utopía está en una empresa estatal extractivista, aunque esa empresa después
reproduzca las lógicas perversas. Y el otro componente es que también es una
tarea cultural, por estas bases de la cultura de que tenemos profundamente
arraigada de que hay que explotar la naturaleza y hay que aprovechar la bolsa
de oro sobre la que estamos sentados y de que queremos ser consumistas... Esto
no se soluciona con un recambio de partidos políticos; implica transformaciones
profundas en la cultura. Hay resistencias al extractivismo y una parte de estas
es para conseguir una mejor participación en el propio extractivismo; es un
tipo de resistencia que entiendo y valoro porque hay comunidades pobres que
necesitan ser compensadas; pero me refiero a algo más profundo y esto es que no
se soluciona solo en compensaciones económicas sino que está en cambiar la
estructura, la lógica y las sensibilidades que sostienen el desarrollo
extractivista.
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