7 de septiembre de 2013

12 AÑOS DE COMUNICACIÓN ALERNATIVA

Frente al actual contexto político-comunicacional, donde varios medios de comunicación se asumen (más que nunca) como oficialistas u opositores, Contracultural reafirma su intento de hacer otro periodismo: un periodismo social, alternativo, con opinión, compromiso y profesionalismo.

Agradecemos a todos los colaboradores que durante estos doce años enriquecieron este espacio. Y fundamentalmente a los lectores, que con sus comentarios y críticas nos ayudan a mejorar mes a mes, año tras año. 


Revista Contracultural 

El incendio y las vísperas



LAS REACCIONES DEL GOBIERNO DESPUÉS DE LA DERROTA EN LAS PASO  

El resultado general de las elecciones primerias que se llevaron a cabo el pasado mes de agosto significó una duro traspié para el gobierno. Particularmente amarga fue  la victoria de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires por sobre el candidato K y niño mimado de la Presidenta Martín Insaurralde. Es que Cristina Fernández se había involucrado a fondo en la campaña de su ignoto candidato, por lo que en parte la derrota le pertenece a ella también. Ni siquiera el disciplinado alineamiento con el gobierno de Daniel Scioli, el político que supuestamente tenía mejor imagen y que estuvo a punto de romper lanzas e irse con Massa, pudo evitar la catástrofe. La reacción del gobierno frente a esta crisis hasta ahora no ha mostrado nada nuevo.  

Por Marcelo R. Pereyra 

EL MASSASO 

En el gobierno se preguntan cómo Massa pudo derrotarlos con una campaña de apenas 30 días, cuando ellos vienen inundando la provincia con asistencialismo electoralista desde hace diez años. Deberían contestarse observando los resultados registrados en muchas partes del país, en las que atornillados intendentes y gobernadores, reinantes desde hace años, también fueron inesperadamente vencidos. Estos datos indican no necesariamente un fin de ciclo de la movida K, sino que los electorados han castigado la flagrante contradicción entre el triunfalista relato oficial  y la realidad “real”. Si hasta la misma noche del día de las elecciones, cuando las cifras del escrutinio ya indicaban la inexorable derrota, los funcionarios oficiales se mostraban alegres y sonrientes como si hubiesen ganado por goleada. Viendo esas imágenes por televisión, alguien dijo con certera ironía: “Están festejando la derrota”. El discurso presidencial de esa noche estuvo en línea con aquella fantochada frente a las cámaras. Cristina Fernández no sólo no reconoció la derrota, sino que se proclamó triunfadora. Y en uno de sus cada vez más frecuentes desbordes discursivos, se vanaglorió de haber ganado en la Antártida y en la comunidad qom La Primavera. 

Como quiera que sea, las primarias demostraron lo volubles que son los electorados de la posmodernidad. Cuando no se vota por ideas sino por conveniencia, el cómo le va a cada uno en la feria marca las tendencias electorales. Es decir: estamos frente a electorados que en su mayor parte en el cuarto oscuro apelan al pragmatismo para elegir y/o castigar  candidatos. Y cuando un votante se convence a sí mismo que debe castigar no hay nada que lo pueda evitar: ni los relatos oficiales que trampean las cifras de la inflación, del delito, del desempleo –y otras más- , ni la gigantesca campaña publicitaria del gobierno, ni la multiplicación de  medios de comunicación oficialoides, ni el pan y circo del “fútbol para todos”, ni el ir a arrodillarse devotamente frente al papa Franciso –otrora enemigo público N°1 de los K-, ni el asistencialismo interesado, ni la indisimulada compra de dirigentes sociales, políticos y periodistas venales, ni ninguna otra acción propagandística por el estilo. Nada de todo esto evitó la derrota del gobierno. 

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS? 

Pasados los primeros días de aturdimiento después del cachetazo electoral, el gobierno comenzó a barruntar una estrategia con vistas a las elecciones legislativas de octubre. El objetivo: recuperar votos a toda costa para perder por menos, y así seguir teniendo el control en las cámaras de diputados y senadores. Un mes más tarde, la estrategia parece clara: por un lado, hacer algunas concesiones –más simbólicas que concretas-, mientras que, por otro, seguir tomando medidas que son coherentes con lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ejemplo de lo primero son ciertas declaraciones de dirigentes K admitiendo la existencia de algunos problemas que antes habían negado por completo, y dos decisiones clave: el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y las políticas referidas a la prevención del delito. Lo de ganancias es saludable aunque tan exiguo que el beneficio será fagocitado en breve por la inflación, y lo del delito es tan conocido como patético: utilizar más y más policías y gendarmes  no servirá para nada. Ya lo han hecho y lo saben. Pero es cómo los gobernantes entienden que debe ser prevenido el problema delictual. No se les cae otra idea que no sea más policía, más cámaras y más castigo. El gobernador Scioli ha dispuesto desarmar el ministerio de Seguridad y Justicia que él mismo había armado dos años atrás. Y nombró a cargo de Seguridad al “manodurista” Alejandro Granados, un nombramiento ideal cuando se están dando manotazos de ahogado: el ex intendente de Ezeiza propugna que cada uno debe tener un arma en su casa y usarla si entran ladrones, pero en todo caso con más puntería que la que él tuvo cuando fue asaltado. Y la frutillita del postre la acaba de poner el malogrado candidato Insaurralde proponiendo bajar la edad de imputabilidad de los menores. Propuestas dignas de Blumberg que es de imaginar le caerán simpatiquísimas a la progresía K, esto es, los díscolos muchachos de La Cámpora, los ubicuos periodistas oficiosos y los arrebatados intelectuales de Carta Abierta. 

EL VIEJO TRUCO DEL TERO 

En cuanto a lo segundo, al tipo de cosas que el gobierno venía haciendo y que lo llevaron  al fracaso electoral, es de destacar el acuerdo con la petrolera YPF-Chevron. Como se sabe, la petrolera argentina firmó un convenio “secreto” con la estadounidense para explotar el yacimiento Vaca muerta en Neuquén utilizando el método de extracción –fracking- más criticado por las organizaciones ecologistas y especialistas en medio ambiente. Las cláusulas que se ocultaron tienen que ver con la jurisdicción en la que se dirimirán eventuales controversias entre las dos empresas. El gobierno nacional y popular aceptó que sean los tribunales de Estados Unidos. Otras irregularidades tienen que ver con no haber llamado a una audiencia pública para discutir la cuestión  y con la falta de consentimiento de las comunidades mapuches, violándose así el convenio 169 de la OIT. Para colmo, cuando los mapuches y otras organizaciones marcharon frente a la legislatura de Neuquén como expresión de repudio al acuerdo que se votaría ese día, fueron duramente reprimidos por la misma policía que mató al maestro Carlos Fuentealba. En la emergencia, el gobierno nacional apoyó al gobernador Jorge Sapag y responsabilizó por los “incidentes” a la ultraizquierda y a la derecha, según declaró el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. 

En esta línea de acción, el oficialismo no se movió un ápice de su tradicional postura en cuanto al conflicto que mantiene por el Grupo Clarín por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir,  en las audiencias que organizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación insistió con su tesis de que la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Grupo impide la aplicación de la citada norma, la cual posibilitaría la total democratización de la palabra en el espectro radioeléctrico. Algunos simpatizantes del gobierno corrieron a sostener esta postura. Por ejemplo, la Carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, emitió un comunicado llamando a concentrarse frente al palacio de los tribunales el día de la audiencia, porque "ponerle límites a las posiciones dominantes implica la diversificación de voces y la profundización de la democracia". Esto es falso y representa una muestra más del discurso tramposo que con argumentos políticamente correctos intenta justificar las verdaderas motivaciones que invisibiliza. En efecto, limitar las posiciones dominantes -cosa que es justa, sobre todo si se aplica también para los medios oficialistas y oficialoides- ayuda pero no necesariamente garantiza la "diversificación" de voces. Ésta sólo es posible con el estímulo a los medios que realmente producen discursos alterativos y alternativos a los discursos dominantes en una sociedad. Y desmembrar a Clarín para darle sus restos mortales a otros parecidos a Clarín -pero más amigables-, que reproducirán sin afectaciones esos mismos discursos, mucho menos asegura la "profundización" de la democracia. Toda concentración de medios, privados, oficialistas y/o paraoficiales, es repudiable –y en el caso de los primeros la excusa de la sustentabilidad no justifica su macrocefalia-, pero no se puede  reducir el complejo desequilibrio del sistema de medios a la pelea Gobierno-Clarín. En ese sentido, es un chantaje querer condicionar la aplicación integral de la ley SCA  a la sentencia que dicte la Corte. Si realmente se quiere democratizar el espectro radioeléctrico, hay que implementar sin más demoras ni excusas las licencias para el funcionamiento de los medios populares, alternativos y comunitarios. 

Como se ve, la praxis gubernamental discurre por los mismos caminos que la llevaron a la hecatombe de agosto: beneficiar amigos y perjudicar enemigos a cualquier costo, y no abandonar el viejo y perverso doble discurso de las buenas y loables intenciones, que se usa para ocultar una realidad complicada y penosa. 

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Fracking progresista



EXTRACTVISMO NACIONAL Y POPULAR 

Durante una década y gracias a los altos precios de las commodities la economía parece funcionar y hay dinero suficiente para pagar políticas sociales que aplacan la pobreza sin realizar cambios estructurales. Pero, ¿pueden los defensores del modelo mirar a la cara a las Madres de Ituzaingó, que vieron morir a sus hijos por los efectos de los plaguicidas, y decirles que son víctimas de “un pensamiento regresivo” y “reaccionario”?  

Por Raúl Zibechi 

La debacle ética siempre antecede a la debacle material. Aunque no existe una relación mecánica entre ambas, la primera es condición de la segunda. Para las personas de izquierda la experiencia histórica podría servir de referencia e inspiración, pero sobre todo como impulso hacia la coherencia más allá de las conveniencias del momento, que de eso trata la ética.

Algo deberíamos haber aprendido de la dramática experiencia del socialismo real. Quienes nos opusimos en la calle a la invasión de Vietnam a menudo guardamos silencio ante la invasión a Checoeslovaquia, por la sencilla razón de que el antimperialismo (estadunidense) nos impedía cuestionar al expansionismo soviético porque lo consideramos (erróneamente) enemigo de aquel. Terrible lógica que tuvo trágicas consecuencias.

¿Cuántos de los que denunciaron vivamente los campos de exterminio nazis hicieron lo mismo ante los juicios de Moscú y la represión estalinista? Apenas un puñado, acusados de agentes del enemigo cuando en realidad eran troskistas y anarquistas, o comunistas disidentes, chivos expiatorios de una geopolítica del poder dispuesta a sacrificar la ética en el altar de las conveniencias del momento.

La justificación ideológica de las deserciones de la ética son las peores consejeras, porque ensucian las ideas que dicen defender. A tal punto que conceptos nobles como comunismo o dictadura del proletariado dejaron de imantar la energía y la imaginación de los oprimidos y las oprimidas del mundo. Por regla, suelen hacerse concesiones de principios (como se decía antes cuando no nos atrevíamos a pronunciar el vocablo ética) en aras de supuestas ventajas tácticas.

Algo similar está sucediendo en relación a iniciativas de los gobiernos progresistas. El domingo 1 de setiembre el diario argentino Página 12 publicó un artículo titulado “Fracking”, en el que defiende la fractura hidráulica porque oponerse sería tanto como sintonizar con la oposición derechista. Acusa a los que se oponen a esa técnica de ser ecologistas, a los que define como “reaccionarios” que antes se opusieron a la megaminería, a los transgénicos y los agroquímicos.

El articulista, en un medio que supo ser crítico del poder neoliberal, señala que se trata de un “pensamiento regresivo” y asegura que “todavía no aparecieron argumentos convincentes contra los supuestos efectos contaminantes del fracking”. Va más lejos y postula que “no hay razones para pensar que el fracking será más riesgoso que otras actividades extractivas”.

Luego de despotricar contra los críticos, el articulista detalla la trascendencia de las conveniencias del momento, ya que las reservas no convencionales en el sur argentino serían 67 veces las actuales reservas de gas y once veces las de petróleo. “La magnitud de esta riqueza parece inconmensurable desde la perspectiva actual y tras la reaparición del déficit energético externo”. Ese déficit apareció, por cierto, luego de la desastrosa política privatizadora de Carlos Menem en la década de 1990.

Sin embargo, Menem privatizó las empresas estatales, entre ellas YPF que era una empresa superavitaria, con argumentos muy similares a los que se esgrimen ahora: miradas de corto plazo asentadas en la “riqueza real” que se va a obtener. Recordemos que Menem fue el político más popular de la década de 1990, al punto que fue reelecto con el 49,9% de los votos en 1995 luego de haber regalado medio país a las multinacionales.

Menem se convirtió en cadáver político porque en cierto período, hacia fines de la década en la que gobernó, las conveniencias del momento empezaron a jugarle en contra. No fue capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones y su prestigio fue enterrado por un ciclo de luchas iniciado en 1997 que tuvo su clímax en el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que expulsó de la presidencia a su sucesor Fernando de la Rua.

Con el fracking, la megaminería y los monocultivos de soja sucede algo similar. Durante una década y gracias a los altos precios de las commodities la economía parece funcionar y hay dinero suficiente para pagar políticas sociales que aplacan la pobreza sin realizar cambios estructurales. Pero, ¿pueden los defensores del modelo mirar a la cara a las Madres de Ituzaingó, que vieron morir a sus hijos por los efectos de los plaguicidas, y decirles que son víctimas de “un pensamiento regresivo” y “reaccionario”?

Las Madres de Ituzaingó, un barrio obrero de la periferia de Córdoba rodeado de campos de soja, recorrieron el barrio puerta por puerta cuando empezaron a ver morir a sus hijos y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. Durante años ningún organismo del Estado acogió sus denuncias. “En Ituzaingó hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, el 80 por ciento de los niños tienen agroquímicos en la sangre y el 33 por ciento de las muertes son por tumores”, dijo Sofía Gatica en un reciente encuentro contra la minería en Buenos Aires, clausurado el mismo día que Página 12 defendía el fracking.

Con los años Gatica, en nombre de las Madres, recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. Los sojeros fueron condenados, la justicia reconoció la contaminación y el gobierno tomó cartas en el asunto. Entre tanto, un inmenso dolor atraviesa a las madres del barrio y de muchos otros pueblos de la Argentina sojera. Las Madres de Ituzaingó no son ecologistas ni pertenecen a ningún partido de izquierda, ni apoyan a la derecha ni están contra el gobierno. Es otra lógica, la de la dignidad.

Entre los progresistas de la región se ha impuesto una lógica perversa: medir las cosas según beneficien a la derecha o al gobierno. Ese fue el argumento de algunos politólogos ante las masivas manifestaciones de junio en Brasil. La única brújula para no perderse es la ética. Hoy sus agujas enfilan contra la megaminería y el extractivismo, sin importarles quiénes estén en el gobierno.


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Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la Amazonia


EL GOBIERNO DE ECUADOR ANUNCIÓ QUE EXPLOTARÁ PETRÓLEO EN EL PARQUE NACIONAL YASUNÍ 

Una de las iniciativas ambientales más originales de los últimos años, originada en Ecuador, buscaba dejar el petróleo en tierra para preservar la Amazonia y sus pueblos indígenas. Era una idea construida desde la sociedad civil que se concretó en 2007, durante el primer gobierno de Rafael Correa, enfocándola en proteger el Parque Nacional Yasuní, y sus áreas adyacentes (conocidas por la abreviatura ITT). Esos esfuerzos terminaron pocos días atrás, cuando el gobierno anunció la cancelación de esa iniciativa y permitir la explotación petrolera.   

Por Eduardo Gudynas 

La idea de una moratoria petrolera en Yasuní-ITT maduró durante muchos años, pero contó con un marco excepcional otorgado por el sistema de derechos aprobados en la nueva Constitución de 2008. En ella se organizan de mejor manera los derechos a la calidad de vida de las personas, la regulación del uso de los recursos naturales y las salvaguardas a los pueblos indígenas. En paralelo a éstos, se reconocieron por primera vez los derechos de la Naturaleza o de la Pachamama. De esta manera quedó establecido un mandato constitucional ecológico, que para ser cumplido no podría permitir una actividad de tales impactos como la explotación petrolera en Yasuní-ITT. 

En etapas siguientes, el gobierno mantuvo la moratoria petrolera pero comenzó a buscar opciones alternativas para lograr una compensación económica. En aquel tiempo se razonó que Ecuador perdería un estimado de más de 7 mil millones de dólares por no extraer los 920 millones de barriles de crudo que estaban debajo del Yasuní-ITT. El presidente Correa afirmó que si se lograba un fondo de compensación de al menos la mitad de esas ganancias perdidas, se mantendría la suspensión petrolera. 

La condición para la protección del área pasó a estar desde entonces en recolectar 3 600 millones de dólares. Se diseñaron distintos mecanismos y justificaciones para implementar ese fondo internacional, donde gobiernos, empresas o personas, pudieran depositar dinero. La idea era sensata, ya que existen muchos argumentos por los cuales otros gobiernos, especialmente del norte industrializado, deberían ahora apoyar solidariamente la protección de la biodiversidad, abandonando así su postura clásica de apropiarse vorazmente de los recursos del sur.

Pero con el paso del tiempo, el andamiaje conceptual gubernamental comenzó a crujir. Por un lado, se insistía cada vez más en la idea de la compensación o indemnización económica. Por otro lado, comenzó a quedar en segundo plano la fundamentación basada en los derechos de la Naturaleza, para pasar a priorizar argumentos enfocados en detener el cambio climático global. Se sostenía que se debía mantener el petróleo bajo tierra para evitar que una vez extraído fuera quemado en algún sitio, y los gases producidos alimentaran el calentamiento global. Con ello, la propuesta era sobre todo una compensación económica para evitar un aumento en el cambio ambiental planetario.

La iniciativa Yasuní-ITT era mirada con mucho interés por la comunidad internacional y despertaba muchas ilusiones entre varios movimientos sociales, al ser un ejemplo de una transición postpetrolera. Pero siempre sufrió de tensiones, como el constante recordatorio gubernamental de pasar a un “plan B” que consistía en explotar ese petróleo amazónico, e incluso contradicciones, como fueron las declaraciones presidenciales contra los posibles donantes internacionales. 

El presidente Correa acaba de presentar varios argumentos para cancelar esta iniciativa de moratoria en Yasuní-ITT. Uno de ellos fue denunciar la falta de apoyo de la comunidad internacional, calificándola de hipócrita. En parte le asiste la razón, ya que muchas naciones industrializadas crecieron gracias a la expoliación de los recursos del sur, y la iniciativa Yasuní-ITT les permitía comenzar a saldar esas deudas. Pero tampoco puede minimizarse que al condicionar la moratoria petrolera a una compensación económica, se cayó en una contradicción insalvable. Es que el mandato constitucional ecuatoriano obliga a la protección de ese tipo de áreas, tanto por proteger los derechos de indígenas como los de la Naturaleza. Se vuelve muy difícil pedir a otros gobiernos una compensación económica por cumplir con una obligación constitucional propia. Una adecuada analogía sería la de un país que le pide a otros compensaciones económicas por sus gastos en atender la salud de sus niños. 

Otro argumento presidencial se basa en una actitud de optimismo tecnológico, sosteniendo que ahora sí se puede hacer una explotación petrolea en la Amazonia minimizando los impactos. Esta actitud es muy común en varios gobiernos, pero es especialmente paradojal en Ecuador, ya que allí se vivieron en carne propia los duros impactos de extraer petróleo en la Amazonia. Esto ha quedado en evidencia en el proceso contra Texaco-Chevrón. Toda la información científica disponible abrumadoramente deja en claro los graves impactos de las petroleras en ambientes tropicales. 

El combate a la miseria es otro de los argumentos presidenciales para cancelar la moratoria petrolera. Esta es una posición que suscita muchas adhesiones, y debe celebrarse que se usen los recursos naturales en beneficio del país, en lugar que nutran las arcas de empresas transnacionales. Pero decirlo no resuelve el problema de cómo asegurar que ello suceda. Es que más o menos lo mismo sostienen las empresas (cuando prometen, por ejemplo, que la minería resolverá la pobreza local y generará empleo), lo repiten unos cuantos gobiernos ideológicamente muy distintos (la “locomotora minera” de Santos se supone que reducirá la pobreza en Colombia), y está en el núcleo conceptual del desarrollo convencional (creyendo que todo aumento de exportaciones arrastrará al producto interno, y con ello se reduciría la pobreza). 

Hay muchos pasos intermedios entre extraer un recurso natural y reducir la pobreza, y es precisamente en esas etapas donde se originan multitud de problemas. Estos van desde los dudosos beneficios económicos de ese tipo de extractivismo (ya que lo que el Estado ganaría por un lado por exportar petróleo, lo perdería por otro al atender sus impactos sociales y ambientales), el papel del intermediario (donde las empresas, sean estatales o privadas, del norte o de amigos del sur, sólo son exitosas cuando maximizan su rentabilidad, y casi siempre lo hacen a costa del ambiente y las comunidades locales). 

La decisión de Correa genera ondas de choque en diversos planos. Al liberar a las petroleras, se pone en riesgo inmediato un ecosistema de alta biodiversidad, y a los pueblos indígenas que lo habitan (incluyendo aquellos que viven en aislamiento). Se desploma el intento de aplicar una alternativa postpetrolera, y la capacidad de servir como ejemplo entre los demás países desaparece. La medida ecuatoriana sin dudas alentará las presiones sobre áreas protegidas que también se viven, por ejemplo, en Perú y Bolivia. También muestra que el país no logra cumplir las promesas de diversificación productiva, y vuelve a caer en un papel de proveedor de materias primas. 

Pero posiblemente el impacto más fuerte ha sido sobre el marco constitucional de los derechos de la Naturaleza. Es que al final de su discurso, Correa regresó a la vieja oposición de la década de 1970 entre desarrollo y conservación ambiental, cuando dijo que el “mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos Humanos a supuestos derechos de la naturaleza: no importa que haya hambre, falta de servicios... ¡lo importante es el conservacionismo a ultranza!”. Nadie en el ambientalismo defiende la miseria, sino que denuncian que bajo los titulares de promover el crecimiento económico no sólo se desemboca en mayores desigualdades sociales sino que se destruye el entorno natural.  

Al margen de esa precisión, el problema es que en esa frase los derechos de la Naturaleza quedan apenas como un supuesto. Si esos derechos son dejados a un lado, prevalecerá el desarrollo convencional, con un nuevo triunfo del petróleo, ya que los impactos sociales y ambientales no tienen valor económico. Los derechos de la Naturaleza son una reacción a ese tipo de razonamiento. No son una concesión a las plantas y animales, o a los ambientalistas, sino que son una necesidad para poder proteger efectivamente a los pueblos y su patrimonio natural.

Todo esto hace que quede planteada la angustiosa pregunta si el día en que cayó la iniciativa de moratoria petrolera en la Amazonia de Ecuador, también no comenzaron a desplomarse los derechos de la Naturaleza.


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Diez justas razones de la lucha campesina y motivos para apoyar el paro nacional agrario en Colombia



COLOMBIA: EL CONFLICTO CAMPESINO PONE EN JAQUE AL GOBIERNO DE SANTOS 

El campo colombiano está en crisis; la política agraria de este gobierno es anti campesina y está arrasando con la producción nacional y la soberanía alimentaria; el campesinado no aguanta más; y el despertar de la lucha y la movilización campesina es una realidad que genera esperanza para la clase popular Colombiana. 

Por Jerónimo Pulido Arredondo (desde Colombia) 

1) Los Acuerdos Incumplidos por parte del gobierno, pactados con los diferentes gremios, organizaciones y comunidades campesinas, logrados a través de anteriores movilizaciones; realizadas para exigir los derechos históricamente vulnerados por el estado y soluciones a la crisis agraria que se vive en el país. Es importante recordar que el estado y el gobierno además de imponer una política agraria que niega los derechos del campesino y su histórico aporte a la soberanía alimentaria y a la economía nacional, ha incumplido una y otra vez los acuerdos firmados en las movilizaciones, como por ejemplo el acuerdo firmado con los productores de papa hace unos meses o el acuerdo firmado con los cafeteros en el mes de marzo. 

2) Importaciones masivas de alimentos que quiebran la economía campesina y la producción nacional. Como lo habíamos advertido los movimientos sociales; los tratados de libre comercio TLCs profundizan los efectos de la apertura económica a la que la clase política sometió al país y solo favorecen los intereses de las multinacionales y algunos monopolios nacionales. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) desprotegen la producción nacional, entregan nuestra soberanía y acaban con la economía campesina. 

3) Altísimos costos de los insumos; fertilizantes y venenos que hace unas décadas les fueron impuestos a los campesinos a través de la llamada extensión rural de las instituciones, para hacerlos dependientes de estos insumos y mercancías que concentran cinco transnacionales en el mundo y con los que unos pocos hacen negocio a costa del trabajo y la salud de los campesinos. Insumos que además de degradar nuestros suelos, fuentes hídricas y quebrantar el equilibrio natural de los agroecosistemas y la salud de los agricultores, tienen excesivos precios en Colombia; los más altos de todo el continente. Así los campesinos de Colombia están doblemente sometidos; por una parte al paquete tecnológico de semillas fertilizantes y venenos que les fue impuesto por la empresa multinacional y del cual muchos hoy se vienen liberando a través de la agricultura orgánica campesina; y por otra parte a pagar con su trabajo los altos costos de estos fertilizantes y venenos de los que aun muchos son dependientes en la agricultura. 

4) Los bajos Precios de los diversos productos campesinos como el café, la cebolla, la papa, el maíz, la leche, entre otros, que tienen en quiebra al campesinado, pues con los precios actuales de estos productos, los agricultores no logran recuperar ni si quiera los costos de producción, es decir “están trabajando al pierde”. Es importante entender que la baja de los precios responde a una imposición de la empresa multinacional de alimentos que opera en nuestro país y a los acuerdos del TLC firmados por el gobierno, que permiten la importación y entrada masiva de estos mismos productos de otros países, quienes pueden producirlos a menor precio, gracias a los subsidios, tecnología y menores costos de los insumos, entre otras políticas de apoyo al campo de aquellos países. Ayudas de protección y fomento de la producción agropecuaria de alimentos que en nuestro país son mínimas y en su mayoría entregadas a los monopolios. 

5) Deudas Bancarias que tienen asfixiado a los campesinos, quienes al no encontrar subsidios o apoyo del estado para la producción, se ven en la necesidad de acudir a los créditos ofertados por el mismo estado y las entidades financieras, los cuales son imposibles de cumplir por la quiebra de su economía debido a las políticas y realidades anteriormente mencionadas. Con la crisis actual del agro la refinanciación propuesta por el gobierno no soluciona el problema de las deudas, por el contrario la prolonga y le agudiza el problema a los campesinos. La única propuesta viable para el campesino es la condonación de estas deudas por parte del estado, en donde además se les reconozca y compense a los campesinos todo el aporte que han hecho durante décadas a la economía nacional y a la soberanía alimentaria de nuestro país. 

6) La Concentración y el Acaparamiento de Tierras expresan una realidad histórica de exclusión, destierro y dominación de la clase terrateniente que ha utilizado diversas y violentas estrategias para mantener está estructura latifundista de la tenencia de la tierra; uno de los factores determinantes del poder económico y político en nuestro país. Colombia es el segundo país de América de mayor concentración de la tierra y el primero en concentración de la riqueza. A esta situación se suma que en los últimos años se viene adelantando un proceso de mercantilización y extranjerización de la tierra por parte de empresas nacionales y transnacionales que vienen comprando grandes extensiones de tierras agudizando la concentración de la tierra y afectando el uso del suelo. En este contexto la histórica consigna del movimiento campesino por una reforma agraria integral que afecte la estructura de la tenencia de la tierra y entregue tierras productivas a las miles de familias sin tierra que hay en nuestro país, junto a proyectos de fomento y apoyo a la agricultura campesina y servicios básicos y que hagan viable la permanencia en los territorios, sigue siendo una de las consignas estratégicas de algunas organizaciones campesinas, así como lo expreso el Coordinador Nacional Agrario en el seminario nacional de tierras territorios y soberanías, realizado en Bogotá en el mes de abril del presente año. 

7) Mega minería en territorios campesinos: El modelo económico impulsado por el gobierno del Santos que le da continuidad a la política neoliberal de los gobiernos anteriores y hace un fuerte énfasis en el extractivismo de la naturaleza, impulsa una agresiva política de inversión extranjera multinacional, especialmente en megaproyectos agroindustriales y minero energéticos de la empresa multinacional. La locomotora minera es un pilar fundamental de esta estrategia neoliberal y avanza con diversas concesiones, títulos, exploraciones y explotaciones de gran minería en gran parte del territorio nacional, convirtiéndose en una de las principales amenazas para la naturaleza y la vida de las comunidades que habitan estos territorios. 

8) Fumigaciones a territorios campesinos y cultivos de pancoger. La política antidroga ha sido impuesta en nuestro país por los Estados Unidos a través de diversas estrategias como el Plan Colombia que más allá de acabar con el negocio de la droga busca intervenir política y militarmente en la región. Esta política antidrogas dirigida por el país más consumidor de sustancias psicoactivas en el mundo como la cocaína e impulsada por los gobiernos; estigmatiza y criminaliza la planta de la coca y sus múltiples usos tradicionales, nutricionales, medicinales y espirituales, así como a los campesinos productores de cultivos de uso ilícito, quienes han tenido que acudir a estos cultivos para lograr el sustento económico de sus familias debido a la crisis del agro y al abandono del estado. Las fumigaciones aéreas con herbicidas además de afectar los cultivos de uso ilícito son dirigidas a cultivos de pancoger, fuentes hídricas, viviendas y espacios comunitarios, convirtiéndose en una estrategia de despojo y terror contra las comunidades, que acaba con la economía de los campesinos, la producción de alimentos destinados al autoconsumo y la biodiversidad; además contamina las fuentes de agua y genera miedo en las poblaciones afectadas. 

9) Los Altos costos de los combustibles que aumentan el precio de los costos de producción y comercialización de los campesinos y afectan a toda la población colombiana por el encarecimiento de todos los productos y por ende de la canasta familiar. Colombia es productor de petróleo y contradictoriamente uno de los países en donde es más alto el precio de la gasolina. 

10) El campesinado como sujeto político y la territorialidad Campesina: hoy el Coordinador Nacional Agrario CNA, una de las organizaciones campesinas nacionales del país que hace parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina Internacional reivindica como una de sus principales luchas, el reconocimiento del campesinado como un sujeto social, político, económico y cultural, que demanda el reconocimiento de sus derechos como clase social y una territorialidad campesina con autonomía y jurisdicción propia, de acuerdo a su identidad, tradiciones costumbres y formas organizativas propias.

A las anteriores razones para la movilización campesina y el paro agrario nacional, se suma la falta de garantías para la protesta social en nuestro país; expresadas hoy en una permanente amenaza del gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y una brutal represión por parte del ESMAD, acompañada de procesos irregulares de judicialización contra quienes con justas razones se movilizan exigiendo sus derechos y el cambio de la actual política agraria del país.

En este complejo panorama del paro nacional agrario, a pesar de la incertidumbre sobre lo que sucederá en los próximos días, han quedado en evidencia algunas cosas importantes: El campo Colombiano está en crisis; la política agraria de este gobierno es anti campesina y está arrasando con la producción nacional y la soberanía alimentaria; el campesinado no aguanta más; y el despertar de la lucha y la movilización campesina es una realidad que genera esperanza para la clase popular Colombiana.

El desafío es poder avanzar de esta histórica movilización de masas campesinas en la organización, unidad y cualificación del movimiento campesino y agrario y articular estas importantes demandas y reivindicaciones del campo en una lucha social y política junto a otros sectores sociales y populares (estudiantes, docentes, obreros, mujeres, jóvenes), que nos permita avanzar como clase popular hacia transformaciones estructurales de la sociedad; en las que podamos alcanzar el anhelado sueño de vivir en un país democrático, con justicia social, soberanía, vida digna y en armonía con la naturaleza. 

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