LOS ATROPELLOS DEL
ESTADO CONTRA LA COMUNIDAD QOM LA PRIMAVERA
Una beba qom y su abuela murieron luego ser
atropelladas por un gendarme. Ambas son de la comunidad La Primavera. Denuncian
que “no fue un accidente” y apuntan a la disputa por el territorio. Los
derechos humanos nunca llegan a los pueblos indígenas.
Por Darío Aranda
Lila, de 10 meses,
y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista
de asesinatos indígenas. Ambas fueron atropelladas por un gendarme el domingo a
la siesta, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el
asfalto. Lila falleció el mediodía de ayer. Ambas qom de la comunidad Potae
Napocna Navogoh (La Primavera), el epicentro de la represión desde hace dos
años, cuando decidieron hacer respetar sus derechos y no alinearse al
gobernador Gildo Insfrán. Ricardo Coyipé, también atropellado, denunció que “no
fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de
auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia.
Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me
dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció
Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.
Ricardo Coyipé
había ido con su familia a Misión Tacaglé, donde había una ceremonia religiosa
(como muchos qom, son evangelistas). A las 16 comenzó el regreso. Manejaba
sobre la ruta 86, cuando un auto lo golpeó por detrás. Su esposa Celestina y la
beba Lila volaron por el aire y cayeron sobre el asfalto. Celestina no se movió
más. La beba, entre llantos, sangraba. Ricardo quedó debajo del auto. El
conductor, el gendarme Walter Cardozo, descendió del vehículo, insultó a
Ricardo y comenzó a golpearlo, primero con el puño, luego patadas y una
exigencia: que no realice la denuncia.
“Me decía que era
gendarme, que no lo iban a detener. Me decía que era un indio de mierda.
También bajó el papá del gendarme, y también me pegó. Ninguno ayudó a mi
nietita”, explicó ayer a la tarde, desde la comunidad, luego de dar sepultura a
su esposa en el cementerio de la comunidad.
La familia Cardozo
es conocida en la zona. Tenían un almacén y carnicería donde los qom eras
asiduos clientes. Y arrendaban tierras a la comunidad. La relación cambió
cuando, en octubre pasado, la comunidad decidió no alquilarle más tierra.
“La policía
dice que fue accidente. Es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y
que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardozo están enojados
porque no los dejamos entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos a dejar entrar, es
nuestro derecho”, afirmó Laureano Sanagachi, “qaratagala” (segundo líder –luego
de Félix Díaz–) de la comunidad.
El cuerpo de
Celestina Jara estaba, ayer a la mañana, en su cama, en el mismo rancho que
compartía con Coyipé. A media mañana llegó un camión municipal con el cajón. El
mismo vehículo llevó a Jara hasta el cementerio de la comunidad, al lado de la
laguna. Fue seguido en motos y a pie por numerosos qom.
A las 12 le dieron
sepultura. Con Ricardo Coyipé aún dolorido, sin atención médica, se despidió a
la abuela qom de 49 años.
“Estamos muy
tristes, impotentes, con bronca”, resumió Lorena Cardín, antropóloga que desde
hace once años acompaña a la comunidad. Contó que la policía de Formosa intentó
responsabilizar a Coyipé. “Comenzaron a decir en la misma ruta que Ricardo
estaba ebrio. Lo querían inculpar. Y Ricardo, con la esposa muerta y la nieta
grave les explicaba a todos que él no tomaba. Todos sabemos que él no toma, es
evangelista, ni fuma”, remarcó Cardín.
-¿Cuál es el
sentimiento de la comunidad?
La antropóloga
responde de inmediato. “Acá nadie duda. ‘Es por la tierra’, te dicen todos”.
Y no es casual.
Desde que la comunidad se reorganizó, con Félix Díaz como “qarashe” (“líder
junto a su pueblo”), la comunidad comenzó un proceso de recuperar territorios
que estaban arrendados o tomados por privados. El último hito, el 15 de octubre
pasado, cuando venció un contrato de arrendamiento firmado por el anterior
líder (Cristino Sanabria) y la comunidad desalambró 2000 hectáreas que
utilizaba un empresario ganadero.
“Es la tierra, por
eso nos matan”, reiteró Sanagachi.
Media hora después
de despedir a Celestina Jara, Yanina Coyipé (21 años) llamó a la comunidad con
la peor noticia. Su beba, Lila, había fallecido.
Ponciano Acosta,
del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) la acompañaba en el hospital
de Formosa Capital. “Yanina venía en otra moto, detrás de su papá y su beba, y
vio todo. Algunos dicen accidentes, pero es muy llamativo, plena luz del día,
sol, ruta ancha, no venía ningún auto de frente. Es más que sospechoso, siempre
le toca a algún indígena que lucha”, señaló Acosta.
María Cristina
López tenía 22 años. Mario García, 48. Ambos del Pueblo Wichi de Formosa,
murieron en abril de 2009 durante un prolongado corte de ruta. Pedían lo mismo
que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa
legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio.
Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos.
El 23 de noviembre
de 2010, luego de cinco meses de corte de ruta, la policía provincial reprimió
a la comunidad La Primavera. Asesinaron al abuelo qom Roberto López y también
murió el policía Eber Falcón. El juez Santos Gabriel Garzón cargó contra la
comunidad, procesó a una decena de qom. El mismo juez, Garzón, interviene ahora
por muerte de Celestina y Lila. Y ya caratuló el hecho como “homicidio culposo”
(entiende que fue involuntario, y es excarcelable).
El 24 de noviembre
de 2010 fue atropellado Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia
Alberdi (Formosa). Murió arroyado por un oficial de policía cuando se dirigía
hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia
denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.
El 28 de junio
pasado, a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los
agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en
el hospital local con lesiones varias. En el último año, luego de poner en la
agenda nacional la vulneración de derechos en la provincia, la comunidad sufrió
una decena de represiones.
“Sabemos que los
ataques a la familia Díaz son organizados por el gobierno de Formosa, es la
nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta
dónde pueden llegar. Hacemos pública la denuncia pero también decimos que no
nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo
reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia. No nos vamos a correr de esta
postura por miedo a las agresiones que recibimos”, advirtió la comunidad en un
comunicado el 30 de junio pasado.
El 9 de agosto
atropellaron a Félix Díaz. Fue al mediodía en la ruta a la altura Laguna
Blanca, cuando iba en ciclomotor. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en
el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. “No fue
accidente. Fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que
maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador
(Insfrán) y el Gobierno Nacional”, denunció en agosto ante este redactor.
El domingo 9 de
diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba “el día de la democracia”, en
Formosa volvió a producirse un “accidente”. Otra vez, la muerte fue para los
qom.
Gildo Insfrán se
mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue ocho años vicegobernador y,
desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue
duhaldista y kirchnerista de la primera hora.
Sólo 48 horas
después de la represión de noviembre de 2010, Gildo Insfrán compartió
videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue
transmitida en directo por Canal 7. No hubo ni una mención a la represión al
Pueblo Qom, abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas por la inauguración
de una obra eléctrica.
En octubre de
2011, Gildo Insfrán inauguró una estatua de Néstor Kirchner. Viajó el ministro
de de Planificación, Julio De Vido.
En enero de este
año operaron a Insfrán de tiroides (intervención similar a la que tuvo la
Presidenta). El 1 de febrero, en cadena nacional, Cristina Fernández de
Kirchner lo saludó: “Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa,
que de tan oficialista que es también le tuvieron que sacar la tiroides (…) Eso
es para que digan que es muy oficialista, pero realmente ojalá que se mejore
pronto y le mandamos un beso muy grande”.
Amnistía
Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y el Centro
de Estudios Legales y Sociales (Cels) son sólo algunos de los organismos de
derechos humanos que han denunciado al gobierno de Formosa.
Nunca un
funcionario de primera línea repudió la represión de noviembre de 2010 ni los
sucesivos hechos de violencia contra los pueblos indígenas de Formosa.
El perfil
productivo de la provincia es explícito. Está plasmado en un documento público
de 250 páginas llamado “Formosa 2015”, donde se detalla la preponderancia del
avance del modelo agropecuario con cultivos intensivos (soja y maíz) y
ganadería. Planifica pasar de las 129 mil hectáreas de 2010 a 306 mil hectáreas
(incremento del 237 por ciento). Se avanzará sobre territorios campesinos e
indígenas.
La Red
Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por ONG y técnicos de la
región, explica: “El Plan Formosa 2015 aspira a elevar la superficie productiva
agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva
actual. Con este horizonte es que sólo declaró el 1 por ciento de sus bosques
como área protegida (según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley
Nacional de Bosques)”.
En diciembre de
2011, la máxima autoridad de Naciones Unidas (ONU) en materia indígena, James
Anaya, visitó la Argentina. Recorrió una decena de provincias (entre ellas
Formosa). En julio pasado hizo público su informe: “Relacionado con la
inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales
puede mencionarse la existencia o promoción de proyectos de industrias
extractivas y agropecuarias dentro o cerca de estas tierras (…) El avance de la
frontera agrícola ha generado la pérdida de grandes extensiones de tierras
tradicionales de los pueblos indígenas”.
Recordó que los
desmontes, consecuencia del avance agropecuario, provocaron que “se vea
severamente limitados” el acceso de las comunidades y la disponibilidad de los
animales de caza y pesca, las plantas, la miel de recolección e incluso los
materiales para la construcción de viviendas. “Existen también efectos nocivos
en la salud de las personas indígenas a raíz del uso de agrotóxicos para la
fumigación de cultivos”, denunció.
“Derechos humanos
para los pueblos indígenas”, es el título de un documento presentado el 19 de
noviembre por organizaciones indígenas en el Congreso Nacional y entregado en
Casa de Gobierno. Con la firma de más de ochenta dirigentes indígenas,
cuestiona el avance de la megaminería, el petróleo no convencional y del modelo
agropecuario, y recuerda los ocho asesinatos indígenas en los últimos tres
años: Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario
López, Mártires López, Cristian Ferreya y Miguel Galván. Responsabiliza al
Estado y al modelo extractivo por los “asesinatos” y recuerda que “más de mil
líderes indígenas y campesinos” son judicializados por “defender sus derechos
ancestrales en contra de las industrias extractivas”.
“Nunca habíamos
tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos
internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante
etapa de negación y exclusión (…) Nuestra realidad es un tema de Derechos
Humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los Pueblos
Indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto
de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos
políticos y territoriales”, resalta el documento, firmado entre otros por
el Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones
nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010.
Cuestiona el
avance minero. Toma como referencia la alianza gubernamental con la empresa
Barrick Gold (presente en San Juan) y denuncia el avance de la minería de litio
en Jujuy (Salinas Grandes). Explica que la extracción de gas no convencional
(conocido como “fracking”) perjudica a comunidades y contamina acuíferos, y
alerta que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA –presentado el año pasado
por el Gobierno Nacional y las provincias) tendrá consecuencias sobre
campesinos e indígenas. “Para las organizaciones originarias y campesinas es un
anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como
consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión,
desmonte, contaminación y desplazamiento de población.”
El 10 de diciembre
se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y, en Argentina, se
celebra el la asunción de un Presidente elegido democráticamente (el 10 de
diciembre de 1983 asumió Raúl Alfonsín).
En ese marco,
Félix Díaz recibió ayer un reconocimiento en la Universidad Nacional de San
Luis. Y volvió de urgencia a Formosa. Recordó que existe una medida cautelar de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insta al Estado
argentino a garantizar la integridad de los miembros de la comunidad. Díaz
recordó que existen “muchas leyes, pero no se cumplen”, apuntó que los “jueces
solo actúan para reprimirnos” y afirmó que el gobierno nacional “no cumplió
ninguno de los puntos acordados” en 2011 en la Mesa de Diálogo (con los
organismos de derechos humanos como garantes).
Díaz marcó que era
un “muy triste” para el Pueblo Qom y esbozó que debiera ser “un día triste
también para toda la sociedad argentina”. Repasó de memoria los últimos
asesinatos de indígenas y campesinos, y lamentó: “A nosotros no nos llega aún
los logros de la democracia. Nuestra sangre se derrama por defender el
territorio, los culpables no van a la cárcel y nuestros derechos humanos no se
cumplen”.