6 de abril de 2011

Insólito: ¡La derecha llama a cuidar la democracia!

TRAS EL “BLOQUEO” SINDICAL A CLARÍN Y LA NACIÓN, PARTIDOS DE DERECHA IMPULSARON UN DOCUMENTO CONJUNTO ADVIRTIENDO QUE LA DEMOCRACIA ESTÁ EN PELIGRO

Luego de una protesta sindical que impidió la salida de los diarios Clarín y La Nación (con la permisividad del Gobierno Nacional), los principales partidos de derecha impulsaron a otros partidos a firmar un documento conjunto en el que respaldaron a los medios y llamaron a “cuidar la democracia”.

Por Hernán L. Giardini


Un centenar de trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, acompañados por familiares y amigos, realizaron una protesta frente a la planta que impidió la distribución de la mayor parte de Clarín y por algunas horas de La Nación, los dos diarios de mayor venta del país.

Rápidamente, el Grupo Clarín responsabilizó por la acción al titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano; pero el líder camionero aseguró que su gremio no tuvo participación en la protesta, que fue encabezada por trabajadores de AGR, quienes denunciaron “persecución sindical” por parte de la empresa.

Lo cierto es que el Gobierno Nacional permitió que se desarrollara la protesta gremial. Lo que no sería algo a destacar si actuara siempre de esta manera: su accionar en el reclamo de los trabajadores de la empresa Kraft (ex Terrabusi) fue diametralmente distinto.

El conflicto ahonda una encarnizada disputa entre el gobierno y el Grupo Clarín (quienes hasta el “conflicto del campo” eran grandes amigos). El matutino aprovechó la situación y el lunes siguiente publicó la portada del diario en blanco en señal de protesta y apelando a la idea de que lo censuran.

Unos pocos días después, en un insólito documento titulado “Cuidar la democracia”, Mauricio Macri y Federico Pinedo (PRO), Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Francisco De Narváez y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), y Ángel Rozas, Ricardo Gil Lavedra, Gerardo Morales, Oscar Aguad, Silvana Giudici, Ernesto Sanz y Ricardo Alfonsín (UCR), llamaron a "unir fuerzas diversas en un único eje: no aceptar en silencio la persecución, el uso indiscriminado del poder, o la utilización de organismos del Estado utilizados fuera de su finalidad". Y rematan: "cuidar la democracia es el imperativo de esta hora".

La imponente frase deja picando un interrogante: ¿Acaso la democracia está en peligro? No pareciera, aunque viniendo de la mayoría de los que firmaron el documento uno podría pensar que en realidad se trata de una expresión de deseo.

¿Desde cuándo a la derecha, que apoyó e impulsó a los gobiernos militares, le importan los valores democráticos? ¿Cuántos de estos dirigentes políticos saldrían a criticar duramente un golpe militar, mediático o de mercado que derrocara a la presidenta?

Lo que realmente se quiere defender queda en evidencia cuando en el documento reclaman al Poder Ejecutivo “el cumplimiento irrestricto de las garantías públicas y privadas". Aquí los “democráticos” reclaman “libertad de empresa” bajo el pretexto de la “libertad de expresión” y minimizan el derecho de los trabajadores.

Como si fuera poco, Macri afirmó que "es el peor momento de la democracia desde 1983". Además de exagerar hasta el ridículo, el jefe de gobierno porteño tiene memoria selectiva: dejó afuera del top ranking a los alzamientos carapintadas de 1987 y 1990, a la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001, a los asesinatos de los piqueteros Kosteki y Santillán en 2002, a la desparición de Jorge Julio López en 2006, al asesinato del docente Carlos Fuentealba en 2007, a la desaparición del joven Luciano Arruga en 2009, y la lista continúa.

Claro que indagando en los entretelones de la confección del documento se explica a dónde se apunta en realidad…

El PRO hace tiempo busca aglutinar a las fuerzas de derecha y centro para la elección presidencial. Y el primer paso para lograrlo era conseguir que los distintos referentes presidenciales firmasen un documento “en defensa de la democracia”. Macri delegó esa tarea en su jefe de bloque de Diputados, Federico Pinedo. El macrista tuvo un primer encuentro con Carrió el martes y, al día siguiente, después de la sesión, se juntó con los radicales Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra, la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich y con el peronista disidente Gustavo Ferrari, mano derecha de De Narváez. Ese día a la madrugada, Bullrich desechó el borrador de Pinedo y reescribió el documento. El jueves lo circularon entre los candidatos. En el entorno de De Narváez, indicaron que la idea de firmar un texto conjunto viene de hace varios meses. Por supuesto, el bloqueo de los diarios y la tapa en blanco de Clarín aceleraron los tiempos.

Con atino, el Partido Socialista, Proyecto Sur y el GEN, aunque fueron formalmente invitados, se negaron a firmar el documento. “La defensa de la democracia está en nuestro legajo partidario, no necesitamos firmar ningún documento. La democracia no está en riesgo”, sentenciaron desde el socialismo. “No vamos a entrar en esta trampa maniquea de quienes quieren manifestarse sólo a favor de la libertad de expresión y desconocer el derecho a la libertad sindical, ni tampoco al revés”, afirmaron desde Proyecto Sur. “No estamos de acuerdo en reeditar el fracasado Grupo A ni adherir a un documento con olor a Unión Democrática”, sostuvieron desde el GEN.

Los dirigentes de los partidos de izquierda, obviamente , ni siquiera fueron invitados a firmar.

Lo cierto es que los candidatos de la derecha se encuentran muy rezagados en las encuestas frente a la eventual postulación de la presidenta Cristina Fernández.

No los une el amor, sino el espanto.




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La revolución ciudadana sigue en marcha

REFERÉNDUM CRUCIAL DEL PUEBLO ECUATORIANO

El pueblo ecuatoriano decidirá si acepta o no 10 modificaciones legales –cinco de ellas constitucionales propuestas por el Gobierno. Correa afirma la voluntad de aumentar el poder de decisión ciudadana y se apoya directamente en un pueblo que supo resistir el intento de golpe de estado del pasado 30 de septiembre. Las últimas encuestas dan un 77 % de aceptación a la consulta. Cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema de justicia, la prensa, los Bancos y los juegos de azar, entre otros temas, serán puestos a consideración popular.


Por Marcelo J. Levy (desde Ecuador)


Ecuador ya no es el mismo. Ha dejado atrás el estigma de republiqueta bananera para proyectar un modelo de país digno de ser imitado. La revolución ciudadana encabezada por el presidente Rafael Correa ha puesto de manifiesto de manera palmaria la voluntad de torcer el rumbo, de mostrar que es posible gobernar mirando de abajo hacia arriba y que, contrariamente a lo que nos hicieron creer por décadas, vivimos en uno de los continentes más ricos del mundo. El 7 de mayo es un día crucial para el futuro ecuatoriano: se pondrán a consideración de la comunidad 10 preguntas que reordenarán el mapa político, cultural, económico y jurídico.

Ríos de tinta corren por los medios de comunicación ecuatorianos defendiendo o rechazando la compulsa. Los detractores la utilizan como un elemento para cuestionar a toda la gestión de Correa y la atacan con planteos de inconstitucionalidad. No sólo la Corte Constitucional falló favorablemente por la participación ciudadana, sino que la historia lo ratifica.

La Constitución quiteña de 1812 claramente se inspiró en el principio de que la soberanía radica en el pueblo. Señaló: “El Pueblo Soberano del Estado de Quito (nombre del país de aquella época) sanciona esta Constitución”. En esos tiempos se comprendió, perfectamente, que la Constitución es una expresión de la voluntad soberana. Desde la primera Constitución republicana de 1830, las diecinueve Constituciones que ha tenido el Ecuador siempre reconocieron que la soberanía originaria radica en el pueblo.

La Constitución de 1979, con la que se inició la fase democrática que vive el Ecuador, dispuso (Art. 35): “Establécese la consulta popular en los casos previstos por esta Constitución. La decisión adoptada por este medio es inobjetable”. El Presidente de la República (Art. 78) podía “convocar y someter a consulta popular” las cuestiones que él consideraba de trascendental importancia para el Estado y especialmente las reformas a la Constitución. La posterior Constitución de 1998, mantuvo la consulta popular (Art. 103) y también la facultad del Presidente de la República para convocarla (Art. 104), tanto para reformar la Constitución, como para asuntos de trascendencia para el país. La consulta también podía ser convocada a petición de la ciudadanía y por los organismos del régimen seccional.

La nueva Constitución de 2008, aprobada por referéndum, es la primera en reconocer, con mayor amplitud que antes, el principio de la democracia directa.

Instituye la iniciativa popular para proponer leyes, la consulta popular, el referéndum, la revocatoria del mandato, crea la Función de Transparencia y Control Social. Establece que el Presidente de la República tiene la atribución (Art. 147, lit. 14) de “convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución”. Es la Corte Constitucional la que emite un dictamen sobre la constitucionalidad de una convocatoria a consulta (Art. 438). Y la consulta popular que enmiende la Constitución (Art. 441) no puede alterar la “estructura fundamental” de la misma ni el “carácter y elementos constitutivos del Estado”, tampoco establecer “restricciones a los derechos y garantías” ni modificar “el procedimiento de reforma” de la misma Constitución.

Si la consulta popular es, con los límites señalados por la Constitución, un instrumento de la democracia directa, también debe comprenderse que, históricamente hablando, desde 1812 siempre el pueblo ha sido la fuente de la soberanía. Falta que los ciudadanos se apropien y usen los mecanismos de esa democracia directa. No puede cuestionarse el principio histórico que establece que la soberanía radica en el pueblo y que, por tanto, es el pueblo el que puede darse su propia Constitución, reformarla en parte o cambiarla por una nueva. Ese es el fundamento político e histórico sobre el que se levantó la vida republicana del Ecuador.

Esta consulta popular es un acto político que expresa la voluntad del gobierno nacional y de quienes forman parte de este proyecto histórico de cambiar el Ecuador, y hay que verla desde el punto de vista de los intereses populares, del apoyo a los cambios y transformaciones revolucionarias.

Veamos cada uno de los 10 puntos:

Preguntas enmienda constitucional

1.- Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 1?

2.- Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 2?

3.- Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?

4.- Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?

5.- Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5?


Preguntas de la consulta popular

1.- Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?

2.- Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?

3.- Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?

4.- Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

5.- Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?

Con el espíritu de disminuir el índice de delitos, el Gobierno propone modificaciones sustanciales en el Poder Judicial. Argumenta que muchos delincuentes quedan en libertad gracias a las facilidades que existen para conseguir la caducidad de la prisión preventiva y pretende impedir tal posibilidad.

Desde la sanción de la nueva Constitución de Ecuador en 2008 no se ha nombrado un nuevo Consejo de la Judiciatura, necesario para la “reestructuración y renovación de la administración de justicia” según fundamenta el Decreto Ejecutivo firmado tras la aprobación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional. Se propone la sustitución del actual Consejo por uno de carácter transitorio, en el marco de una “depuración de los servidores judiciales”.

Con el objetivo de que “los grupos financieros y de comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les corresponde, y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto” se pretende establecer prohibiciones más claras para evitar conflictos de intereses y garantizar la independencia de estos sectores.

El enriquecimiento privado no justificado, la prohibición de los juegos de azar con fines de lucro y la matanza animales en espectáculos públicos, la regulación de las actividades y responsabilidades de los medios de comunicación y la tipificación del delito de incumplimiento de las obligaciones laborales por el empleador, son los restantes cinco temas que componen la consulta popular, todos ellos sin carácter de enmienda constitucional.

En primer término se propone que aquellas personas que se enriquezcan ilícitamente puedan ser juzgadas de igual manera que los funcionarios públicos. En segundo lugar se pregunta a la población si desea que Ecuador sea o no un lugar libre de casinos y casas de apuesta. También se busca la eliminación de la violencia en todas sus formas y el respeto de los derechos de los animales.

Sobre los medios de comunicación se pregunta al pueblo si está de acuerdo que la Asamblea Nacional apruebe una ley de comunicación que cree un Consejo para la regulación de la difusión y los contenidos que contengan “mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios” según se lee en el decreto firmado por Correa. Finalmente se consulta la voluntad gubernamental de sancionar como infracción de carácter penal el incumplimiento de las obligaciones laborales, como la de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los trabajadores en relación de dependencia.

“Hay un problema grave que puede hundir a la República: la decadencia y falta de funcionamiento, la falta de probidad del sistema de justicia. Hay que dar eficacia y respuesta a ese problema”, aseguró Correa en enero. Ese parece ser el principal motivo de la consulta popular que será puesta a consideración de 11 millones de ecuatorianos en mayo.

Así, Ecuador sigue avanzando. Otrora mostró al resto del continente y al mundo que la deuda externa no necesariamente debe ser pagada, sino reestructurada y refinanciada conforme a deudas reales contraídas, no ilegales e ilegitimas. Una vez más nos muestra con esta propuesta de consulta popular que los cambios estructurales son posibles si se toman decisiones políticas de fondo y estructurales de la mano y para el pueblo.




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¿Por qué votaré por Ollanta Huamala?

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERÚ

Ollanta Humala es el único candidato que librará una lucha frontal contra la corrupción y enfrentarse al narcotráfico. Es el único candidato que propone un plan de justicia social y de respeto a los derechos humanos. Humala surge con voz y posición serenamente distinta del conjunto de los otros. Y por alguna razón, tiene credibilidad.

Luis Alberto Salgado (desde Perú)


Primera razón: la corrupción

Porque Ollanta Humala es el único candidato que librará una lucha frontal contra la corrupción.

Porque los cimientos de la nación han sido resquebrajados seriamente y están, hoy mismo, amenazados por la corrupción corrosiva del Perú oficial. No hay ninguna posibilidad de seguir haciendo viable al Perú si es que continúa esta tendencia perniciosa de utilizar el poder político para hacer fortunas, por parte de quienes toman decisiones de gobierno y de sus “socios” del entorno oficial. Esta práctica letal está instalada y extendida por todo el Estado, comenzando en el Poder Ejecutivo.

Sencillamente, nuestro país va camino a la disgregación, a la anomia desintegradora, a la pérdida de su identidad, si no comienza en julio próximo, en un nuevo gobierno nacional, a restituirse la decencia, la limpieza y la eficiencia en el manejo de la cosa pública y en la administración de nuestros recursos y riquezas nacionales. El primer gran problema del Perú es que se ha reinstalado con fuerza y absoluta desvergüenza la corrupción que se hizo tan evidente y de manera grotesca durante el régimen fujimorista de los 90, hoy en alianza proterva con el gobierno de Alan García (quien, además, ha hecho del Partido Aprista oficial uno de extrema derecha).

El régimen de García, como secuela de ese pacto infame con Alberto Fujimori y sus cómplices, ha entregado legitimidad cancerosa y fétida al fujimorismo, con el apoyo y condescendencia de los grupos de poder que en la década de los 90 se enriquecieron conviviendo perfectamente con la corrupción.

A Ollanta Humala no puede acusársele de corrupto ni de condescendiente con la corrupción, como a otros candidatos. Merece el beneficio de la duda. Los peruanos y el Estado en el nuevo gobierno debemos fortalecer realmente nuestra democracia y sus instituciones para consolidar nuestras libertades y derrotar a la corrupción. Y Hugo Chávez, el dictador venezolano, no tiene nada que hacer acá, y cualquier intromisión de su parte en el proceso electoral debe ser enérgicamente rechazada por los peruanos.


Segunda razón: el narcotráfico

Porque Ollanta Humala es el único candidato dispuesto y capaz de enfrentarse al narcotráfico.

Si no se produce un verdadero cambio, el Perú se convertirá en un narco-Estado (que dio importantes pasos para ello durante la gangrena fujimorista, recordemos los 160 kgs. de cocaína encontrados en el avión de Fujimori). Nuestro país, según analistas serios y estadísticas confiables, ya ocupa prácticamente el primer lugar en “exportación” de cocaína. En esto sí ya superamos a Colombia. Es gravísimo y la responsabilidad fundamental recae en los gobernantes actuales quienes “diseñan” las políticas públicas de prevención, combate y represión a los gestores del delito de narcotráfico. Fracasaron en ello, y no sólo por incapaces.

Se requieren coraje y fibra para conducir una lucha integral, sostenida y efectiva contra el narcotráfico. Esto es prioritario para el país. Vínculo narcotráfico y corrupción

Debemos darnos cuenta que la corrupción desde el Estado, ha coadyuvado al crecimiento exponencial de esta actividad delictiva y destructora de toda sociedad. El narcotráfico en el Perú no hubiera avanzado tanto si no se hubiera profundizado la corrupción como ha ocurrido en estos cinco años. Así, el narcotráfico, siendo factor diferente pero muy vinculado con la corrupción oficial, busca que el gobierno que salga elegido se parezca mucho al que se va.

Humala no está entre los preferidos de los responsables del crecimiento vergonzoso de la producción y tráfico impune de la cocaína en el Perú.

El narcotráfico se conecta con el problema grave y decisivo de la seguridad ciudadana que preocupa e impacta en amplios sectores poblacionales, de allí la poderosa razón para exigir y esperar que el futuro gobernante responda de acuerdo a lo que necesita el Perú. Ciertos sectores no quieren comprender que el Perú no puede seguir el camino de México en el tema del narcotráfico y la violencia que éste trae. Sólo un gobierno con autoridad moral y ética puede inspirar a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y a nuestra sociedad para combatir sin cuartel al narcotráfico. Con ciudadanos amenazados o coactados por la delincuencia no hay desarrollo posible, en ningún país.


Tercera razón: los derechos humanos

Porque Ollanta Humala es el único candidato que propone un plan de justicia social y de respeto a los derechos humanos.

El Perú no es un país de derechos humanos. En el balance histórico, no existe cultura de derechos humanos, ni en las prácticas sociales ni en las políticas públicas. El gobierno saliente de A. García ha reforzado irresponsablemente una cultura de confrontación y violencia pues, en los hechos, la pobreza extrema ha aumentado, se ha consolidado un régimen de racismo, encubierto unas veces o flagrante otras, y se han aplicado políticas de exclusión de millones de peruanos violando sus derechos económicos y sociales (Recordar “El perro del hortelano”, Bagua, y “ciudadanos de segunda categoría”). Así, el Estado peruano en estos años, lejos de aplicar un pragmatismo inteligente identificado con los derechos humanos, se ha alejado de esos valores que son los que, al final, hacen grande y definen a las sociedades más desarrolladas del planeta. Definitivamente, eso no ha ocurrido en el Perú.

Si no hay convicción con los derechos humanos -que no constato en Toledo, ni en Castañeda, ni en Kuczinsky y ni hablar de Fujimori- el Perú seguirá fragmentado, con profundas e insultantes desigualdades y con alta conflictividad social. Basta mirar los indicadores de nutrición infantil y la niñez, de capacidad de aprendizaje y retención de nuestros niños y jóvenes en edad escolar (uno de los últimos en A.L.) para constatar que aquí realmente hemos retrocedido y es lo determinante para el desarrollo de toda sociedad. El “boom gastronómico”, “el boom constructor”, o el crecimiento económico (que no distribuye y mantiene en la indigencia y en el abandono a cientos de miles mientras se van incubando resentimientos y furias) no son suficientes y pueden ser engañosos. Eso nos va dejando el gobierno de García que la mayoría de candidatos no cuestiona, lo que nos lleva a un futuro próximo con mayores conflictos.


TLCs, services y entreguismo.

Tratados de Libre Comercio suscritos de manera irresponsable y malévola en beneficio fundamental de corporaciones y economías extranjeras y en perjuicio de los productores, industriales y consumidores nacionales; millones de jóvenes peruanos trabajando año tras año en “services” (que García prometió corregir y jamás cumplió) en jornadas laborales de 10 horas y más, en condiciones de maltrato o explotación humana, que no reconocen seguro social ni médico, ni vacaciones. Nada de esto es siquiera mencionado por los otros candidatos.

Humala surge con voz y posición serenamente distinta del conjunto de los otros. Y por alguna razón, tiene credibilidad.

La muy lamentable condición en que quedan la educación, la salud, y la seguridad ciudadana, al culminar un gobierno más, con la reiterada sensación de que un grupo de sinvergüenzas sólo llegó al poder para aprovecharse de él, así como de haber perdido el tiempo y otra oportunidad para desarrollar de verdad, debería alertarnos a los peruanos en este año 2011 de lo verdaderamente importante de la agenda del país. Si a ello le agregamos la amenaza que se cierne sobre nuestra ecología, nuestros ecosistemas regionales, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro aire, en suma, sobre nuestras poblaciones jóvenes y adultas, tendremos una visión clara del reduccionismo simplón, interesado y culpable que practica la mayoría de los
candidatos presidenciales.

Al culminar el gobierno ultraderechista de García, confirmamos que algunos se sienten muy bien con un Perú casi esclavista y donde el “el cholo barato” y sin dignidad y el peruano selvático maltratado, sin tierras y con agua y aire
contaminados hasta la muerte, siguen siendo la “mejor inversión”. Y porque rechazo esa actitud de egoísmo, arrogancia y traición votaré por Humala.

¿Pero qué tiene que pasar en el país para que quienes detentan por un tiempo el poder entiendan que están allí para hacer bien las cosas, para servir, para no beneficiarse ilegal y delictivamente del poder, en suma, para que asimilen que no llegan para robar ni deshonrar si no para construir con equidad, con valentía, e inteligencia?


Mi cuarta razón: porque soy aprista

Finalmente, votaré por Ollanta Humala porque soy aprista.

Naturalmente, que estos temas no caben dentro de la mirada y perspectiva estrecha de Alan García y su grupo, culpables, entre otras cosas de haber hundido al Partido otrora más fuerte y organizado del Perú. Y porque soy aprista de formación, y estuve cerca de Haya de la Torre, en sus últimos años de existencia, y porque, como él, creo profundamente en la libertad del ser humano y en la democracia como forma superior de gobierno, es que afirmo que es posible todavía alcanzar una sociedad justa, desarrollada y culta para todos. Una sociedad y un Estado que no ofenda ni agravie la dignidad ni amenace abusivamente la vida y las condiciones de existencia de ningún grupo de peruanos. Y esto último es lo que han hecho García y su gobierno, para vergüenza del APRA y de los verdaderos apristas.

Por eso, y como un acto de reivindicación del aprismo histórico, que honra la memoria de quienes nos antecedieron en la forja de un Partido fuerte que se fue convirtiendo en la esperanza real de los pueblos del Perú, como un acto de desafío a la insolencia de quienes pretenden seguir utilizando el logo, los emblemas y los símbolos apristas es que declaro que votaré por Ollanta Humala este 10 de abril.

¿Qué vendrá después?

Ya veremos. Lo que es importante ahora es sentar las bases de un verdadero gobierno que defienda, en democracia y con libertad, los derechos humanos de todos los peruanos y el interés del Perú como nación nuestra y de nuestros hijos.

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Fukushima está más cerca de lo que creemos

LOS RIESGOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Japón tiene 55 centrales nucleares, 14 de ellas localizadas en la zona afectada por el terremoto y el tsunami ocurridos a mediados de marzo. Once enfrentaron problemas y seis sufren situaciones extremadamente graves, en particular Fukushima Daiichi. Para entender porqué Argentina no está exenta de tener un accidente nuclear nivel 7 en la escala INES [1] –el peor posible- y por qué sus ciudadanos no están preparados para enfrentarlo, haremos un breve recorrido por las realidades nucleares de Japón, Alemania y nuestro país. Si los gobiernos de la Nación y de algunas provincias no aprenden la lección de Fukushima estaremos condenados a repetir sus mismos errores. Solo que después de grandes accidentes nucleares no suele haber una segunda oportunidad.

Por Raúl A. Montenegro


Japón.

Antes del terremoto del 11 de marzo de 2011 las autoridades nucleares de Japón y los operadores privados (entre ellos TEPCO, responsable de Fukushima I) consideraban que las centrales de Fukushima I, Fukushima II, Onagawa y Tokai podían resistir terremotos y tsunamis de máxima intensidad. Ese día a las 14:46 JST (tiempo estándar de Japón) se produjo en la costa nordeste un terremoto con 8,9 grados de intensidad en la escala de Richter. A las 15:41 llegó el tsunami. En Fukushima I funcionaban los reactores 1, 2 y 3 (no así las unidades 4, 5 y 6, fuera de servicio). En Fukushima II los reactores de potencia 1, 2 y 3, en Onagawa otros tres reactores y en Tokai la unidad II, cuya unidad I ya fue desmantelada. Todos ellos, pero muy especialmente los reactores de Fukushima II, colapsaron. Comenzó entonces la creciente fuga de materiales radiactivos al ambiente, que continúa en este momento. También se iniciaron evacuaciones masivas en las comunidades más cercanas. Por primera vez en la historia nuclear de la humanidad se accidentaron varios reactores al mismo tiempo. Originalmente la situación de Fukushima se asimiló a un evento nuclear nivel 4 en la escala del INES (que va de 0 a 7), pero a medida que se agravaba la cadena de sucesos se alcanzaron los grados 5 y 6 y muy posiblemente el temido nivel 7. El mismo nivel de Chernobyl.

Las centrales nucleares del nordeste japonés no resistieron la fuerza del terremoto y del tsunami. Pese a las reiteradas garantías de seguridad que históricamente declamaron la autoridad nuclear de Japón y los operadores privados, las estructuras, funcionamiento y dispositivos de emergencia de los reactores colapsaron. Se potenciaron entonces entre sí numerosas crisis: destrucción masiva, mortandad, miles de heridos, redes viales deterioradas, interrupción en el suministro de combustible, electricidad y alimentos, problemas de transporte, comunicaciones defectuosas y réplicas intermitentes del terremoto, que todavía continúan. La preparación de la sociedad civil para enfrentar terremotos, tsunamis y accidentes tecnológicos explica porqué no hubo centenares de miles de muertos en una de las regiones más densamente pobladas del planeta. La sociedad respondió pero no sucedió lo mismo con las autoridades nucleares del gobierno, quienes –en las últimas décadas- no lograron advertir que concentrar muchos reactores nucleares sobre superficies pequeñas y cercanas a grandes centros poblados era un despropósito, sobre todo en un país que soportó históricamente fuertes terremotos y tsunamis. Lo curioso es que siendo el único país de la Tierra donde la insensatez de un enemigo hizo estallar dos bombas nucleares sobre población inocente, Japón desarrollara la misma tecnología que generó las bombas "Little Boy", a base de Uranio 235, y "Fat Man", con Plutonio 239.


Alemania.

La canciller alemana Angela Merkel reaccionó con rapidez ante la tragedia humana, ambiental y tecnológica de Japón. El 15 de marzo de 2011 aplazó por tres meses la extensión de la vida útil de 17 reactores nucleares, y un día después paralizó "temporalmente" las 7 centrales más antiguas de Alemania. Tomó esta decisión aunque el país no tenga riesgo de grandes terremotos ni tsunamis [2]. Decisiones similares están siendo adoptadas en distintos países. Hasta el 17 de marzo de 2011 10 de los 31 países que poseen reactores nucleares de potencia anunciaron la paralización de nuevos proyectos y dispusieron una profunda revisión de su seguridad.


Argentina.

Contrariamente a lo sucedido en Alemania, donde se adoptó una rápida medida preventiva, el Gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gabriel Barceló, descartó que lo ocurrido en Japón pueda suceder en Argentina pues nuestro país "usa una diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica" [3]. Esta aseveración es incorrecta. Las tecnologías son diferentes pero los materiales radiactivos que se manejan son igualmente peligrosos y los sismos –por otra parte- no son la única causa de accidente nuclear. Cualquier reactor puede sufrir un accidente nivel 7.

Ese máximo accidente "posible" puede ser el resultado de varios factores, aislados o que actúan en forma simultánea, como sucedió en Japón:

Primero, actividad sísmica. La central de Embalse en Córdoba está localizada sobre la falla de Santa Rosa, en una región donde ya se han registrado movimientos sísmicos importantes: magnitud 5,5 e intensidad VII en 1947 y magnitud 6,0 e intensidad VIII en 1934. La "falla del frente occidental de la Sierra Chica" se extiende desde Carlos Paz hasta Berrotarán y Elena. Su potencial para generar sismos es desconocido. En la región también se encuentra la falla de Las Lagunas, cercana a Sampacho –localidad destruida por un sismo en 1934- que llega hasta Río Cuarto [4].

Segundo, fallas humanas. El 30 de junio de 1983 la central nuclear de Embalse sufrió un grave incidente que no llegó a descargar material radiactivo al ambiente. Pero delató “fallas en el diseño, errores en los documentos y procedimientos, y desaciertos en la organización interna”. Este crudo diagnóstico está contenido en un documento del IRS, oficina de las Naciones Unidas con sede en Austria que centraliza los informes sobre incidentes. La CNEA, además de mantenerlo en secreto, tardó tres años en comunicar lo sucedido al IRS. Recién se conoció cuando la revista Der Spiegel, que tuvo acceso a 250 informes secretos, lo publicó en Alemania en 1987.

Tercero, fallas técnicas. Los reactores Candu tienen fallas inherentes a su diseño que explican por ejemplo las numerosas descargas de agua pesada radiactiva descargadas al lago de Embalse. Por ejemplo, febrero-marzo de 1986, agosto de 1987, septiembre de 1987, diciembre de 1987, diciembre de 1995 y octubre de 2003 [5]. Los Candú son particularmente sensibles a ciertos tipos de accidente [6]

Cuarto, impacto de avión comercial de gran porte por accidente o acto terrorista contra el reactor o contra el depósito de combustible nuclear agotado.

Es importante señalar que Embalse tiene dos sitios extremadamente peligrosos, uno muy protegido por "barreras de ingeniería", el corazón del reactor, y otro menos protegido estructuralmente, el depósito de combustible nuclear agotado. Allí están depositadas las barras de descarte, altamente radiactivas, que se produjeron durante sus 28 años de operación (1983-2011). Al final de su vida útil estaría acumulando más de 120.000 barras que mantienen su peligrosidad durante 1.000 a 1.500 siglos. La situación en Atucha I es similar. Si un Boeing 767 impactara contra esos depósitos, el combustible nuclear se fragmentaría y los residuos radiactivos, transportados en altura por la corriente convectiva del incendio, podrían diseminarse. El viento generaría sucesivas "plumas de contaminación" o nubes. Chernobyl y Fukushima han mostrado que esta contaminación puede afectar zonas muy extensas, incluso a gran distancia de los reactores accidentados [5].


Embalse y Atucha I liberan rutinariamente materiales radiactivos.

Las centrales nucleares de Argentina solo son controladas por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) cuyos miembros siempre mantuvieron estrechas relaciones con CNEA y NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.), que opera los dos reactores. Los gobiernos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires –por otra parte- no controlan adecuadamente los reactores nucleares de Embalse y Atucha I, ni preparan a las poblaciones locales para el "peor accidente posible" (nivel 7 del INES). Además de la liberación accidental de materiales radiactivos –usualmente no informadas a la población- ambos reactores descargan rutinariamente una larga lista de radioisótopos al ambiente.

Embalse por ejemplo libera al lago, entre otros, Tritio 3, Zirconio 95, Cesio 137 y 134, Estroncio 90, Cromo 51, Niobio 95, Cerio 141 y 144, Gadolinio 153, Iodo 131, Rutenio 106 y 103, Cobalto 60, Antimonio 125, Bario 140, Manganeso 54, Plata 110 M, Zinc 65 y Curio 51. El aire –en tanto- recibe Tritio 3, Xenón 133, Xenón 135, Kriptón 85, 85 M y 88, Niobio 95, Zirconio 95, Cerio 144, Rutenio 103. Cerio 141, Antimonio124 y 125, Cobalto 60, Hierro 59, Plata 110m y Iodo 131. Todos son de riesgo y dado que algunos tienen vidas medias largas como el Tritio 3 (12,3 años), el Cesio 137 (30,1 años), el Estroncio 90 (28,7 años) y el Cobalto 60 (5,2 años) es muy posible que se hayan acumulado en las cadenas alimentarias del lago y del suelo. El Cesio 137, químicamente similar al potasio, ingresa por ejemplo en tejido muscular y el Estroncio 90 –similar al calcio- en tejido óseo. Dado que el gobierno de la provincia de Córdoba no controla a NASA –la operadora de la central- se ignora lo que está sucediendo. En Atucha I –donde las principales descargas se vuelcan al río Paraná- la situación es parecida.


A nivel de radiación ionizante no hay niveles inofensivos.

La radiación ionizante emitida por los materiales radiactivos es dañina para las células, tejidos y organismos vivos. Incluso la exposición a la radiación natural de fondo, relativamente baja, implica riesgos. Cualquier aumento de ese fondo aumenta la posibilidad de efectos negativos. Cada ciudadano debe saber que biológicamente ningún umbral de radiactividad es seguro. Maurice Errera de la Universidad de Bruselas lo expresa muy claramente: “todo aumento de radiación, por pequeño que sea, es susceptible de incrementar la incidencia de enfermedades hereditarias o del cáncer”. El descubrimiento del efecto Petkau cambió la historia del impacto sanitario. Hoy sabemos que las pequeñas dosis de radiación también pueden afectar a las células vivas y su material genético (ADN), y generar cáncer. La radiación actúa de dos formas, directamente cuando las partículas Alfa y Beta y los rayos Gamma alcanzan las células vivas. Indirectamente cuando los átomos "impactados" por esa radiación pierden sus electrones, y éstos actúan como si fueran balas dañinas sobre otras células y sus respectivos materiales genéticos. Los efectos de la radiación, sin embargo, suelen aparecer bastante tiempo después de la exposición. La radiación ionizante, que no tiene olor, ni se ve, ni se toca, enferma y mata en silencio [5].


Córdoba, con más Tritio radiactivo que Buenos Aires

En Córdoba, el lago de Embalse recibe los mayores impactos de la central nuclear de Embalse. Además de las varias decenas de materiales radiactivos que descarga rutinariamente la central, su circuito terciario sobrecalienta las aguas del lago en más de 3 grados centígrados. Uno de los radioisótopos críticos que vuelca es el Tritio 3, cuya vida media es de 12,43 años. Los habitantes de Embalse, por ejemplo, consumen agua potable con 220 becquerelios por litro de Tritio 3. Para la CNEA este valor está “por debajo” de sus límites. Pero para la Directiva 98/93 de la Comunidad Europea, aprobada el 3 de noviembre de 1998, el límite aceptable para agua potable es 100 becquerelios por litro. ¿Porqué un habitante de Embalse debe consumir agua con 500 veces más Tritio 3 que un habitante de Buenos Aires o Roma, sabiendo lo que hoy sabemos sobre el efecto de las pequeñas dosis? CNEA y otras oficinas federales minimizan esta realidad pero sin dar cifras [7].


En Argentina la población no está preparada para enfrentar accidentes nucleares.

En Embalse y Atucha I, las tres instituciones nucleares de Argentina, ARN, CNEA y NASA, organizan simulacros de accidente nuclear "menor" solamente en un radio de 10 kilómetros alrededor de cada reactor nuclear. Su plan de evacuación de personas se limita, en cada caso, a 3 kilómetros alrededor de las plantas. Fukushima y Chernobyl muestran hasta qué punto estas distancias son insignificantes. Tokio, que se ha estado preparando para reducir la exposición a residuos radiactivos transportados por aire, está ubicada a 224 kilómetros de Fukushima. En Chernobyl la contaminación radiactiva alcanzó lugares situados a 700 kilómetros de distancia e incluso más lejos.

De allí que en Argentina millones de personas queden marginadas de los sistemas de prevención. Nunca se elaboraron planes ciudadanos con consignas para que cualquier poblador de las ciudades de Río Cuarto o Villa María en Córdoba, o de Rosario en Santa Fe, o de la ciudad de Buenos Aires sepan cómo actuar ante el peor accidente posible. Ni siquiera se han acordado tareas conjuntas con Uruguay para que sus ciudadanos también estén preparados. CNEA se limita a decir que la probabilidad de accidente nuclear es baja y que la tragedia de Fukushima no podría ocurrir en nuestro país.

Al excluir la mayor parte de la población de las consignas de seguridad, las autoridades nucleares de Argentina cometen un error social trágico. Para evitar eventuales críticas y temores prefieren no preparar a la población que vive más allá del radio de los 10 kilómetros alrededor de Embalse y Atucha I.

Pero ellos no son los únicos responsables. Los gobiernos de la provincias potencialmente afectadas por un accidente nuclear nivel 7 en la escala del INES –ya sea en Embalse o Atucha I- también siguen mirando para otro lado. El caso de Córdoba es particularmente grave. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) le entregó al gobernador Juan Schiaretti, en noviembre de 2010, un Plan Ciudadano con consignas para que los pobladores sepan cómo actuar ante un accidente nuclear. A la fecha (marzo de 2011) el gobernador nunca respondió. De allí que FUNAM esté analizando la posibilidad de accionar judicialmente contra el gobernador y haya decidido, unilateralmente, distribuir públicamente el Plan Ciudadano.


Las limitaciones de las pastillas de Iodo.

Durante los accidentes nucleares suelen liberarse cantidades importantes del radioisótopo Iodo 131, que tiene una vida media de 8,1 días [8]. Al igual que todos los materiales radiactivos es una sustancia cancerígena. Por eso se distribuyen pastillas de Iodo estable (no radiactivo) entre la población. Al saturarse la glándula tiroides y estar la persona expuesta al Iodo 131 radiactivo, la glándula no lo fija y el radioisótopo se elimina, mayoritariamente, por orina y materia fecal. Lo que no explican con claridad las autoridades nucleares es que las pastillas de Iodo solo sirven para detener las formas radiactivas del Iodo. No ayuda a eliminar el Cesio 137 ni el Estroncio 90 ni ninguno de los otros materiales radiactivos descargados durante un accidente nuclear. Tampoco "absorbe" la radiación. Debido a esta confusión muchas personas creen que tomando pastillas de Iodo quedan protegidas de todos los materiales radiactivos y de la radiación, lo que no es cierto.


Argentina ya tuvo su accidente
grado 4 en la escala del INES.

Argentina figura en los listados de accidentes nucleares importantes debido al grave accidente que ocurrió en el reactor de investigación RA-2 en el Centro Atómico Constituyentes, en Buenos Aires (CAT). El 23 de septiembre de 1983 estaba realizándose allí un experimento que requería cambiar la configuración del "corazón" del reactor. Se produjo entonces una "excursión crítica" (reacción fuera de control) que expuso al operador a 2.000 rad de radiación Gamma y 1.700 rad de neutrones, lo que produjo su muerte dos días después. Otras 17 personas ubicadas fuera de la habitación del reactor recibieron dosis que variaron entre 35 rad (0,35 Gy) y menos de 1 rad (0,01 Gy). Este accidente fue calificado como nivel 4 en la escala del INES [5].


En Argentina debe revisarse el programa nuclear y someterse a revisión independiente los sistemas de seguridad de sus reactores de potencia y experimentales.

En nuestro país están definiéndose obras que ponen en peligro sanitario y ambiental vastas regiones geográficas y ciudades muy pobladas. Esto se debe a la gran movilidad de los contaminantes atmosféricos en caso de accidente con descarga masiva de radioisótopos. En Japón las sustancias radiactivas eliminadas desde Fukushima están llegando a Tokio, la ciudad más poblada del planeta (con 35,8 millones de habitantes), que se encuentra a 224 kilómetros de distancia. En Argentina Atucha I y el propuesto "parque" de reactores se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires mientras Embalse dista apenas 35 kilómetros de Río Tercero, Alta Gracia 86 kilómetros, Río Cuarto 110 kilómetros y Córdoba 120 kilómetros.

El gobierno nacional, conjuntamente con el de Córdoba, decidió –en abierta violación a legislación vigente- extender la vida útil de Embalse por 25 años. La nación y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por su parte, acordaron la instalación de dos nuevos reactores nucleares en Lima (junto a Atucha I y Atucha II, esta última en construcción). Al noreste del país, la nación y el gobierno de Formosa pretenden instalar junto al río Paraguay un reactor CAREM de 60 MW. En ningún caso ha habido estudios de impacto ambiental públicos, ni consultas. En plena democracia se vuelve a repetir la mecánica autoritaria de los gobiernos militares, principales impulsores del programa nuclear.

Al decidir la extensión de la vida útil de Embalse la violando abiertamente la legislación sobre evaluación de impacto ambiental –la ley 7.343 y el decreto provincial 2.131- y sin concretar la audiencia pública que prevé la ley nacional de ambiente 25.675. Está claro que una extensión aumentaría los riesgos de accidente en un reactor que –pese a la renovación de partes- tendría muchos elementos antiguos e impactados. Aumentaría además el efecto negativo de sus descargas radiactivas al ambiente, en particular sobre el lago de Embalse y el río Ctalamochita, aguas abajo del lago. Urge por lo tanto suspender la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse e investigar administrativa y judicialmente porqué se decidió dicha extensión sin respetar las leyes y sin audiencia pública.

Argentina debe replantear su costoso programa nuclear en base a debates amplios e informados y consultas públicas, en particular porque la nación impulsa –unilateralmente- la consolidación del primer parque de reactores nucleares de América Latina en Lima (Buenos Aires) cuando Fukushima mostró, dramáticamente, lo peligroso que resulta concentrar en una misma localidad varios reactores nucleares ubicados –además- a distancia crítica de grandes centros poblados.

Asimismo debe someterse a revisión externa la seguridad de todas las instalaciones nucleares, no solamente reactores (centros atómicos, planta de enriquecimiento de uranio, minas de uranio sin remediar, Dioxitek etc.), y encarar estudios ambientales y epidemiológicos independientes para conocer los impactos negativos que ya provocaron las actividades nucleares sobre los ecosistemas y la salud. Para ello será necesario convocar a universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto debe suspenderse indefinidamente la construcción del reactor CAREM de 60 MW en Formosa y analizar la viabilidad y seguridad de Atucha II. Finalmente, las actividades nucleares de Argentina no pueden seguir siendo fiscalizadas por un organismo como la Autoridad Regulatoria Nuclear, que ha mostrado vínculos profesionales, técnicos y políticos con la propia CNEA y NASA.

Desarrollar una política de Estado en base a la participación de los gobiernos, de los partidos políticos y de distintos actores no gubernamentales para generar un programa de largo plazo que no aísle la cuestión energética del ambiente, de la propia sociedad y del escenario mundial. En este enfoque las conductas de ahorro, las tecnologías sustentables y las fuentes blandas deben tener prioridad. No puede ser que las decisiones e inversiones en materia energética sean decididas en Argentina desde un ministerio nacional, grandes intereses corporativos y una total ausencia de consulta. Lo que debe quedar claro es que Argentina no debe fabricar la trampa en que ya cayó Francia, donde más del 80% de la energía eléctrica que se consume es de origen nuclear. Además de numerosas alternativas energéticas y fuentes blandas (eólicas, solares, fotovoltaicas, de biomasa residual, etc.) existe la estrategia del ahorro energético, insuficientemente desarrollada en nuestro país. Todas estas alternativas son más baratas y menos peligrosas que la nuclear, y no dejan residuos radiactivos que por su larga vida media comprometen la salud y el ambiente de futuras generaciones. No es razonable que reactores nucleares con vidas útiles de apenas 30 años generen grandes volúmenes de residuos que siguen siendo radiactivos durante 1.000 a 1.500 siglos.

Depender de una tecnología absurdamente cara y peligrosa en lugar de consolidar matrices energéticas variadas y más sustentables es suicida. Japón –víctima de ese suicidio- le acaba de asestar un golpe durísimo al mito nuclear, mito que nació del militarismo, la sospecha y la corrupción.

Si los ciudadanos e instituciones no logramos romper la tradición de hermetismo, secreto y autoritarismo con que se edificó el fastuoso programa nuclear de Argentina –que apenas provee del 5 al 6% de la energía eléctrica- entonces deberemos prepararnos para resistir sus impredecibles efectos colaterales. No olvidemos que un solo accidente nuclear grave puede hacer colapsar durante décadas y siglos una región entera. Fukushima está más cerca de lo que creemos.


Referencias:

[1] INES, Escala Internacional de Eventos Nucleares. El grado 6 fue asignado por la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (El País, Madrid, 15 de marzo de 2011).
[2] En Europa las instituciones nucleares tienen una posición muy crítica sobre los accidentes ocurridos en Japón. El Comisario europeo de Energía, Günther Öttinger calificó como "fuera de control" la situación en Fukushima (El País, Madrid, 16 de marzo de 2011).
[3] "CNEA: en Argentina no podría pasar lo que sucede en Japón". Noticia de la Agencia TELAM, 14 de marzo de 2011. La aseveración de G. Barceló es técnicamente incorrecta pues Argentina tiene zonas sísmicas.
[4] Estas fallas están siendo estudiadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto. El geólogo Guillermo Sagripanti –a cargo de los estudios- expresó que la zona de Río Cuarto "es sísmicamente activa". Ver La Voz del Interior (Córdoba), 15 de marzo de 2011 y diario Puntal (Río Cuarto) 16 de marzo de 2011.
[5] Montenegro, R.A. 2007. "The nuclear programme of Argentina and the creation of nuclear-free zones for reducing risks of nuclear facilities". In: "Updating International Nuclear Law", Eds. H. Stockinger, J. Van Dyke, M. Geistlinger, S. K. Fussek y P. Marchart, Ed. NW Verlag, BMW Berliner Wissenschaftsverlag & Intersentia, Wien-Graz, pp. 259-284.
[6] El reactor nuclear Candú de Embalse tiene problemas que le son propios: 1) Mayor probabilidad de pérdida de agua pesada desde el circuito primario dada la complejidad de su tubería. 2) El reaprovisionamiento de combustible mientras continúa funcionando el reactor introduce factores adicionales de riesgo. 3) Las sucesivas fallas y roturas de los tubos de presión está relacionada con la misma aleación de Zirconio-Niobio utilizada en las tuberías de Chernobyl. 4) La combinación de uranio natural-agua pesada tiene serias implicancias en materia de seguridad. El coeficiente de reactividad es positivo, de allí que cualquier accidente que ocasione la pérdida de refrigerante pueda acarrear escape de energía. 5) El uso de agua pesada genera grandes cantidades de Tritio 3 radiactivo, y el uso generoso de Zirconio en el núcleo tiene como consecuencia un elevado potencial de reacción Zirconio-vapor de agua. 6) No está diseñado para soportar los peores accidentes que involucran extensas reacciones de Zirconio-vapor de agua, explosiones de hidrógeno y vapor de agua, y ruptura de las modalidades comunes de los ciclos de enfriamiento primarios y secundarios dentro de la contención.
[7] Según datos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (1998) los valores de Tritio 3 en aguas del Embalse de Río Tercero, en Córdoba, son 32 a 520 veces más altos que los medidos en el río Paraná en inmediaciones de Atucha I. Las cifras de Tritio 3 en el agua potable que consumen los pobladores de Embalse, en tanto, son 34 a 367 veces más altas que las registradas en agua subterránea (potable) de pozos situados 5 kilómetros al sur de Atucha I (provincia de Buenos Aires). Ver [5].
[8] Cada material radiactivo tiene una vida media observada. Cuando se dice que el Iodo 131 tiene una vida media de 8,1 días implica lo siguiente: si tengo 100 gramos de Iodo 131 a los 8,1 días quedará la mitad, es decir 50 gramos; a los 16,2 días la mitad de la mitad, 25 gramos, y así sucesivamente.

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Raúl Montenegro es Profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba. Presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA, Estocolmo, Suecia).



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Georgia y la Corte Suprema de Estados Unidos: Jugando con la maquinaria de la muerte

LA PENA DE MUERTE EN DEBATE

El 28 de marzo, la Corte Suprema se negó a considerar el caso de la condena a pena de muerte de Troy Anthony Davis. Era su última apelación. Davis fue condenado a pena de muerte en Georgia hace casi veinte años luego de haber sido hallado culpable de matar de un disparo a Mark MacPhail, un oficial de policía que no estaba de servicio, en Savannah. Desde su procesamiento, siete de los nueve testigos no policiales se retractaron de su declaración, alegando coerción e intimidación policial para obtener su testimonio. A pesar de la duda que rodea a este caso, Troy Anthony Davis podría ser ejecutado en las próximas semanas.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)


Davis está ahora a merced de la Junta de Perdón y Libertad Condicional del estado de Georgia, que podría conmutar su pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Será una lucha difícil, a pesar de los pedidos de indulto a nivel nacional e internacional realizados por figuras como el Papa Benedicto XVI, el Arzobispo Desmond Tutu y el ex Presidente Jimmy Carter.

La hermana de Davis, Martina Correia, llevó adelante una campaña incansable para que se hiciera justicia en el caso de su hermano. En respuesta a la decisión de la Corte Suprema, me dijo: “Ayer nos quedamos perplejos y consternados al enterarnos de la noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos había denegado la petición de Troy. Se negó a considerar el caso porque (...) a nadie le interesa la evidencia de inocencia real, y a nadie le interesa ver la retractación de la declaración de los testigos como una parte realmente fuerte y viable de este caso, a pesar de que hayan declarado otros testigos. Creo que tiene que haber una movilización a nivel mundial por el caso de Troy, y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos debe ocuparse de una vez por todas del hecho de que en Estados Unidos no es inconstitucional ejecutar a una persona inocente”.

Martina Correia plantea un hecho importante pero poco conocido acerca de la ley de pena de muerte en Estados Unidos, a saber, que el actual precedente judicial permite la ejecución de personas inocentes. Aunque parezca mentira, la Corte Suprema, en un dictamen de 1993, sugirió que “la evidencia de inocencia real” no es causa suficiente para dejar a alguien en libertad. La corte solamente presta atención a si se siguen las normas jurídicas, a la vez que reconoce que aún así gente inocente podría ser condenada y ejecutada. En dichos casos, un prisionero podría solicitar el indulto. Parece que la Corte aún no ha aprendido lo que muchos estados sí lograron aprender: que el sistema de la pena de muerte no funciona y no tiene arreglo.

Recientemente Illinois se convirtió en el décimo sexto estado de Estados Unidos en declarar ilegal la pena de muerte. Luego de promulgar la ley, el gobernador Pat Quinn, dijo: “He concluido luego de ver toda la información que he recibido, que es imposible crear un sistema perfecto, infalible, libre de discriminación con respecto a la raza o las circunstancias económicas o la geografía. He concluido tras analizar todo lo que recibí que es imposible en nuestro estado tener un sistema de pena de muerte perfecto y consistente. Creo que abolir la pena de muerte es lo correcto y lo justo”. Quinn sigue los pasos de un anterior gobernador de Illinois, el republicano George Ryan, quien conmutó las condenas a pena de muerte de 120 prisioneros en dicho estado.

Ambos gobernadores de Illinois recuerdan al ex magistrado de la Corte Suprema Harry A. Blackmun, que escribió en 1994 en su voto discordante, luego de que la Corte negara la apelación en última instancia a un condenado a pena de muerte “A partir de este día, ya no jugaré con la maquinaria de la muerte”.

Jugar con la maquinaria de la muerte es precisamente lo que algunos estados parecen estar haciendo. El tiopental es uno de los tres fármacos utilizados en el “cóctel” letal administrado en la mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos. Hospira, la última empresa con sede en Estados Unidos que fabricaba tiopental sódico, dejó de elaborar este fármaco controlado, provocando su escasez a nivel nacional. Los estados comenzaron a pelearse por mantener suministro suficiente en sus cámaras de ejecución. Cuando California le pidió prestado un fármaco similar a Arizona, el Subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de California, Scott Kernan, escribió en un correo electrónico enviado a sus pares de Arizona: “Nos salvaron la vida...”.

Resulta que Georgia habría importado ilegalmente su suministro de tiopental de una empresa de dudosa reputación de Londres, denominada Dream Pharma Ltd., administrada por un matrimonio en un lugar alquilado en la parte trasera de una academia de conducción. Georgia no cuenta actualmente con un permiso de la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, para importar sustancias controladas, por lo que la DEA recientemente confiscó el suministro de tiopental de dicho estado. Mientras se aguarda la investigación del caso, Georgia no contará con este elemento fundamental, por lo que no podrá ejecutar a Davis ni a ningún otro prisionero condenado a pena de muerte.

El mismo día en que la Corte Suprema le negó la apelación a Davis, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre pena de muerte. Estados Unidos aún figura en la lista de los principales países que realizan ejecuciones, junto a China, Irán, Arabia Saudita, Yemen y Corea del Norte.

Además de encabezar la lucha por la vida de su hermano, Martina Correia ha tenido que luchar por su propia vida. El día del fallo judicial se cumplieron diez años de que comenzó su batalla contra el cáncer de mama. Su rostro aparece en la camioneta de mamografías móviles que ayuda a salvar la vida de mujeres de bajos recursos en Savannah. La Coalición Nacional Contra el Cáncer de Mama la nombró a ella y a la ex Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “Mujeres que hacen las cosas bien”. Correia, con su humildad habitual, siente que merecerá ese título cuando la vida de su hermano también haya sido salvada.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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“Podría ser Peor”

MÉXICO: LA ARROGANCIA DEL PRESIDENTE CALDERÓN

Felipe Calderón y su gabinete presidencial, incluidos sus seguidores dentro y fuera del PAN, intentan calmar a la muchedumbre de desempleados, de desatendidos y demás víctimas del pauperismo que su gobierno ha incrementado, con estas palabras: “podría ser peor”. Esta actitud arrogante obedece a esa especie de McCartysmo panista, en el que nada fuera o en contra del círculo de amigos de Calderón, es legítimo.

Por Manuel Leví Peza (desde México)


Los que detentan el poder político y económico, creen que la libertad de que gozan, es hacer lo que les venga en gana y no el derecho de hacer lo que se debe. De ahí que la corrupción y la impunidad sean la marca de agua que permite el disfraz ideológico de los partidos y sus vergonzantes alianzas electoreras; la concordancia en lo oscurito entre la silla presidencial y el episcopado, que es algo que se va extendiendo como mancha de aceite en todas las entidades del país; la malignidad en las tribunas legislativas, en las campañas electorales y en los procesos judiciales; el decir mentiras como parte de la brutalización de la política; el festinar con orgías mediáticas las ejecuciones extrajudiciales de presuntos culpables y la insana aventura fracasada de la guerra contra los capos de la droga y, toda esa táctica de decepción democrática que hace incancelable la mediocridad en los altos mandos de la república e ineficaces a la totalidad de las instituciones federales, estatales y municipales encargadas de implementar la justicia social.

Hoy, decimos con toda certeza, que nuestros gobernantes tienen la rara habilidad de hacer lo que nosotros no queremos que hagan y que la Constitución, en función de su propia doctrina, debe ser el código moral de todos los mexicanos, para cuyo efecto, se debe crear el Tribunal Constitucional por encima de lo que pomposamente es la Suprema Corte de Justicia, una corte de ministros exageradamente enriquecidos que ejercen el principio de la infalibilidad en sus fallos, conductas y determinaciones. Práctica que deja latente el riesgo de que la mentira de la legalidad institucional nos la endosen como verdad absoluta y que las tres instancias de gobierno, más que cumplir programas de desarrollo sustentable, sigan provocando conflictos sociales.

No es un despropósito afirmar que muchos de los males que nos aquejan se deben a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sabido interpretar la realidad de México para ser factor decisivo en la instauración de un Estado plural, social y democrático de derecho y para que el Juicio de Amparo no siga convirtiéndose en una flor exótica en un dudoso invernadero.


¿Estado Fallido o Gobiernos Fracasados?

Hemos soportado oleadas de predicciones optimistas en medio de realidades pesimistas que provocan preocupaciones generales desvanecidas por la cínica expresión: “en México no pasa nada”. ¿Cómo entonces impulsar una participación ciudadana que enriquezca el diseño de un proyecto de nación y de gestión de políticas públicas en todas las ramas de la administración para corregir y prevenir depredaciones presupuestales y medioambientales? ¿De que lado debemos estar: del de los reformistas moderados o de los reformistas radicales? pues sigue, inercialmente, la incapacidad del Estado para dar respuesta a las tasas bajas o negativas del crecimiento y sus respectivos niveles de renta per cápita estáticos o en descenso. Justo, cuando la explosión demográfica impone nuevas demandas sociales y un sistema de seguridad y justicia, que tome en serio la prevención del delito; la investigación policial; la articulación de las actividades de todas las autoridades jurisdiccionales; la instrucción de los juicios ante los jueces; la administración de justicia; la ejecución de las penas; la readaptación social de los sentenciados y la atención de las víctimas de delitos y de juzgadores corruptos que dejan libres a culpables o que encarcelan a inocentes.

Por más que el crecimiento económico mediocre no sea lo único que importe, sin duda es cierto que un nivel de vida decente proporciona una base para que los mexicanos consideremos prioritario: una buena cobertura de salud, de educación, vivienda familiar digna, transporte, comunicaciones, producción de alimentos, investigación científica y competitividad tecnológica.

Desgraciadamente, los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y los tres poderes legales (ejecutivo, legislativo y judicial) han fracasado a la hora de repensar, formarse y equiparse con perspectivas al futuro, lo cual los ubica entre los grandes perdedores económicos de la historia.

En vez de aprovechar la capacidad instalada de recursos humanos calificados y creativos, en políticas públicas pertinentes, dejamos éstas responsabilidades en manos de mandatarios frívolos e incompetentes; en ministerios públicos que no garantizan la integridad física, patrimonial ni jurídica de los ciudadanos; en diputados y senadores reciclados como basura partidista; en grandes empresarios enriquecidos a costa de los pobres y en electores imprudentes que convalidan con su voto irreflexivo en las urnas, el daño a la democracia, con la consiguiente inestabilidad política y una clara acumulación de presiones inflacionarias, precedidas por la flotación monetaria, la violencia fiscal y el gasto corriente desordenado.

Por analogía, se pueden comparar las presiones sociales (aumento demográfico, recursos naturales menguantes, desempleo, emigración, baja escolaridad, conflictos fronterizos, enconos electorales, hambrunas, epidemias, fracaso en el combate a la delincuencia y a la pobreza, corrupción, impunidad, etc.) con las tensiones a lo largo de los bordes de las placas tectónicas, antes de producirse un terremoto o un maremoto. Se presiente el peligro, pero es imposible saber con exactitud dónde y cuando tendrá lugar la irrupción o la explosión.

En resumidas cuentas, necesitamos dilucidar el enigma de sí México es un Estado fallido o, simplemente, las instancias de gobierno no están haciendo sus tareas frente a ingentes turbulencias, cuya combinación y consecuencias son potencialmente letales.

Después de considerar ésta problemática nacional, llegamos a la conclusión de que los partidos políticos, los poderes fácticos y los fenómenos económicos que interactúan con sus viejas amenazas a la estabilidad política, pueden generar sacudidas, choques y rupturas en la vida mexicana y a una escala cada vez más global e intensa. En cuyo caso, sería insensato que los ciudadanos nos aisláramos de los cambios necesarios, urgentes e inaplazables, por inesperados y espectaculares que parezcan o por imprevistos e inintencionados que se supongan. Nada es seguro, excepto que nos enfrentamos a un sinnúmero de incertidumbres y de intereses creados; pero el simple hecho de reconocerlo nos proporciona un punto de partida vital para que, como ciudadanos, ejerzamos una influencia positiva en las dimensiones morales, políticas, socioeconómicas y judiciales de nuestro futuro.

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