1 de febrero de 2009

Nace una nueva Bolivia

SE APROBÓ CON AMPLIA MAYORÍA LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Evo Morales logró lo que muy pocos en Latinoamérica: consolidar un proyecto político, económico, social y cultural que rompe con siglos de opresión para Bolivia. No sólo eso: la nueva Carta Magna aparece como un modelo a seguir por parte de todo el Cono Sur. No hay mas excusas. Si Bolivia puede, todos podemos.

Por Marcelo J. Levy

El reloj marca las 18 horas del día 25 de enero del año 2009, la plaza Murillo, espacio histórico de La Paz donde suele acudir el pueblo a manifestarse, comienza a llenarse de ciudadanos (sí, en Bolivia, mal que le pese a la elite eurocentrista, existen los ciudadanos). La nueva constitución política del Estado boliviano es aprobada democráticamente por el referendo convocado a tal efecto. El pueblo, ese que solo se oía en los discursos de la politiquería barata, acude a su espacio para celebrar el triunfo del cuerpo legal que le dará forma a ese espíritu transformador que se inició con el proceso encabezado por Evo Morales y el MAS. Bolivia comienza a liberarse.

“Ya nadie detendrá este proceso”; “Bolivia nunca será la misma”, anuncia la prensa conducida por la oligarquía parasitaria. Y en eso no se equivocan: nadie detendrá al pueblo constituyente. Bolivia nunca será la misma que permitió pasar de ser la Nación de mayor riqueza en Latinoamérica a ocupar los últimos lugares en la tabla de posiciones de los países más pobres del mundo.

Porque esta Constitución garantiza democracia, alfabetización para todos, documentación para aquellos a los que nunca se les reconoció identidad, sistema de seguridad social para las mayorías que carecían del mismo, administración por parte del Estado de los recursos naturales y todas las garantías que deberían ser normales en cualquier Estado de Derecho para que la ciudadanía, y no el mercado, adquiera protagonismo político. Pero además, porque más allá de la Constitución aprobada, en Bolivia se está produciendo la construcción de un espacio abierto para que los verdaderos actores de la historia, quienes la hacen con su trabajo, acudan a discutir sobre los asuntos que le conciernen a sus propios intereses y no a los de aquellos que adoran becerros de oro a costa del hambre y la miseria del pueblo.

Hoy más que nunca Bolivia es consciente que el poder no lo tiene quien lo ejerce, sino quien te puede cesar por el uso que hagas de él al ejercerlo. La oligarquía le teme a este proceso porque ya no habrá más lugar para el abuso: los desposeídos están allí para cesar a quien fuere. El propio Evo lo sabe, por eso antes de hablarle a su pueblo escucha ese grito que llega desde la plaza y se convierte en un imperativo para su gobierno, ese que a viva voz se hace sentir, ese que le dice: Sí, Sí, Sí, Bolivia dijo Sí.

Juan Manuel Combi

http://lavidacontracorriente.blogspot.com/

Así se vivió una de las jornadas políticas más importantes de las últimas décadas para Latinoamérica.

La Nueva Constitución Política del Estado ya está en marcha por mucho que le pese a la oligarquía boliviana, y aunque crean que el 62% del Sí contra el 38% es un “empate técnico”.

Como siempre, la derecha no entiende que la votación fue nacional, no por circunscripciones, departamentos o regiones. Los resultados, tienen validez nacional, aunque el SI, hubiera ganado por un solo voto.

Los últimos gobiernos bolivianos oscilaron entre sangrientas dictaduras y sangrientas democracias, donde el denominador común fue siempre el saqueo de los recursos naturales, la corrupción desmedida, y la profundización de la brecha entre ricos y pobres, sin dejar de lado las políticas carnales con el imperio norteamericano.

Ahora bien, aunque no sea un ejercicio frecuente hurgar en la historia, siempre nos hace arrojar luz sobre el presente. Frente a las acusaciones de falta de legitimidad por el “escaso apoyo” a la Nueva Constitución y si tomamos en cuenta, a su vez, el triunfo del referéndum revocatorio de mandato (67%), veamos como se sucedieron los últimos gobiernos bolivianos:

1985. Víctor Paz Estensoro (MNR): Llega a la Presidencia de la República tras obtener sólo el 30.37% de la votación nacional (456.704 votos). En realidad no fue elegido directamente por el pueblo, pues, al no haber logrado el 50% más un voto, como establecen las leyes bolivianas, tuvo que ser elegido en el Parlamento mediante alianzas políticas.

1989: Jaime Paz Zamora (MIR): Habiéndose ubicado tercero en las elecciones nacionales con 21.83% de la votación general (309.033 votos) fue elegido Presidente de Bolivia gracias a una alianza de partidos políticos en el Parlamento.

1993: Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR): Fue Presidente de Bolivia con el 35.56% de la votación nacional (585.837 votos). Su Vicepresidente fue Víctor Hugo Cárdenas que hoy reclama 80% de la votación nacional para “legitimar” la nueva Constitución boliviana. Tampoco fue elegido directamente por el pueblo sino por el Parlamento en base a una alianza partidaria.

1997: Hugo Banzer Suárez (ADN): Llegó a la presidencia de la República con el 22.26% (484.705 votos), como consecuencia de una alianza partidaria en el Parlamento. Tras la renuncia de él, asumió su Vicepresidente Jorge Tuto Quiroga.

Es interesante recordar que este año, 1997, Evo Morales empezó a emerger como político nacional y logró el 3.71% (100.113 votos) en la elección nacional. Como se verá más adelante, Evo en un decenio crecerá de 3.71% a 54% (2005) de votación.

2002: Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR): fue elegido por el Parlamento Presidente de Bolivia tras lograr el 22.46% de la votación nacional (624.126 votos).

Este año, Evo Morales sigue creciendo. Obtuvo el 20.94% de la votación nacional (581.884 votos). Estuvo a 2% de los votos de quien fue Presidente.

2005: Evo Morales Ayma (MAS): Es elegido Presidente de Bolivia directamente por el pueblo y no por el parlamento como ocurrió con los cinco presidentes anteriores. Logró el 53.74% de la votación nacional (1.544.374 votos), más votos que lo mínimo que establece la ley.

2006: Elección de Constituyentes: El Movimiento al Socialismo (MAS), la agrupación política de Evo Morales, logra el 50.72% de la votación nacional (1.322.656 votos).

De los 255 curules de la Asamblea Constituyente, el MAS obtiene 137. Es decir más del 50%.

El segundo, a nivel nacional, fue la agrupación de Jorge Tuto Quiroga, PODEMOS, con 15.32% (399.680 votos) y 60 constituyentes.

El MAS llegó a tener 77 constituyentes más en relación al segundo en la votación nacional.

2008: Referendo Revocatorio: La oposición cree que Morales perdió popularidad y por eso le desafía a que se someta a un revocatorio de mandato. Se le pregunta al pueblo: ¿Quiere que continúe o que se vaya Evo Morales? La respuesta es contundente: el 67.41% (2.103.872 votos) de los bolivianos que asisten a las urnas, dice Sí a la continuidad del presidente Evo Morales. Es decir supera el apoyo en relación a la elección presidencial en casi 14% de la votación nacional.

2009: Referendo Constitucional: Después de dos años de tensiones, violencia y conspiraciones en el proceso de redacción de la nueva Constitución se llega a un consenso entre el oficialismo y la oposición en el Parlamento. Convocan a un Referendo sobre la nueva Carta Magna. Pero, luego, los opositores desconocen esos acuerdos.

Pese a una campaña opositora llena de mentiras sobre la Carta Magna, el 25 de enero de 2009 la Nueva Constitución fue aprobada por la mayoría de los bolivianos, con un 61,43%. Veamos datos oficiales:

os

Respuestas

Votos

Porcentaje

Si

2,064,417

61.43%

No

1,296,175

38.57%

Votos

Totales

Porcentaje

Válidos

3,360,592

95.70%

Blancos

59,524

1.70%

Nulos

91,583

2.61%

Emitidos

3,511,699

100.00%

Descripción

Totales

Porcentaje

Mesas Habilitadas

22,049

100.00%

Mesas Reportadas

22,024

99.89%

Mesas Fusionadas

25

0.11%

Mesas Que No Funcionaron

0

0.00%

Actas Observadas

0

0.00%

Mesas No Reportadas

0

0.00%

Descripción

Cantidad

Porcentaje

Inscritos Habilitados

3,891,316

Votos Computados

3,511,699

Participación computada

90.26%


(Los porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos computados)

Los nueve departamentos; Tarija, Pando, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro, Potosí, La Paz y Beni cerraron sus cómputos.

Tarija donde el Sí obtuvo un total de 63.754 votos equivalente al 43.34%; el No obtuvo un total de 83.359 votos equivalente a un 56.66%.

Pando donde el Sí obtuvo un total de 10.403 votos equivalente al 40.96%; el No obtuvo un total de 14.995 votos equivalente a un 59.04%.

Cochabamba donde el Sí obtuvo un total de 401.837 votos equivalente al 64.91%; el No obtuvo un total de 217.269 votos equivalente a un 35.09%.

Chuquisaca donde el Sí obtuvo un total de 92.069 votos equivalente al 51.54%; el No obtuvo un total de 86.555 votos equivalente a un 48.46%.

Oruro donde el Sí obtuvo 128.911 votos equivalente al 73.68%; el No obtuvo un total de 46.061 votos equivalente a un 26.32%.

Potosí, el Sí obtuvo 190.517 votos equivalente al 80.07%; el No 47.420 representa el 19.93%.

En Santa Cruz el Sí consiguió 256.578 equivalente 34,75% y el No 481.744 equivalente a 65.25%.

En La Paz el Sí logró 886.077 votos equivalente 78.12% y el No 248.172 al 21.8%.

En Beni por el Sí 34.251 votos equivalente al 32.67% y el No 70.600 equivalente 77.33%.

Dijo Evo Morales después del Triunfo: “Hermanas y hermanos, pueblo de Bolivia, vamos bien, solo falta mayor coordinación con nuestros prefectos de toda Bolivia, con nuestros alcaldes, y quiero anticiparles, ahora tenemos la gran obligación como Gobierno y autoridades legalmente electas constituidas, de aplicar e implementar la nueva Constitución Política del Estado boliviano”.

Diez grandes cambios

1. Poder Indígena

Los indígenas de los 36 pueblos originarios de Bolivia pasarán del reconocimiento constitucional puro y simple a la participación efectiva en todos los niveles del poder estatal y en la economía.

Esto ha llevado a algunos opositores a señalar que la nueva Constitución creará ciudadanos de primera y de segunda y que los de primera serán los indígenas.

El proyecto constitucional establece:

• Todo un capítulo para los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

• Una cuota de parlamentarios indígenas, por circunscripciones a definirse por ley.

• La justicia indígena originaria campesina, en el mismo nivel que la justicia ordinaria.

• Un Tribunal Constitucional plurinacional, lo que obliga a elegir miembros de este tribunal del sistema ordinario y del sistema indígena.

• Un órgano electoral plurinacional, en el que los indígenas tendrán representación a través de los vocales.

• La autonomía indígena originaria campesina.

• Un modelo económico social comunitario basado en la visión indígena.

• Derechos de los indígenas sobre el uso del agua.

• Propiedad exclusiva de los recursos forestales de su comunidad.

• Derecho a la tierra comunitaria e indígena.

  1. Autonomía

En la Constitución vigente se reconocen niveles de descentralización, pero en el proyecto que va al referendo se establecen cuatro niveles de autonomía. La departamental, regional, municipal e indígena.

La autonomía que reconoce el proyecto constitucional implica la elección directa de autoridades y administración de sus recursos económicos.

La oposición regional rechaza esta división de autonomía porque cree que dividirá al país en 36 territorios y además protesta porque se restaron las competencias autonómicas departamentales.

  1. Tierra

En la Constitución aún vigente, el Estado “no reconoce el latifundio”. Sin embargo, no fija un límite para la tenencia de parcelas.

El nuevo proyecto constitucional establecía dos opciones para que los ciudadanos escogiesen en el referendo cuántas hectáreas se podrá acumular como máximo.

Las opciones eran 5.000 y 10.000 hectáreas. Ganó ampliamente la opción de 5.000 hectáreas: quienes en adelante adquieran más de esa cantidad, estarán sujetos a la reversión porque habrán incurrido en el latifundio.

Tras negociaciones con sectores opositores, se decidió que los límites de tierra no serán retroactivos.

  1. Derechos

En la Constitución vigente se reconocen los derechos de manera general, pero en el nuevo texto, a lo largo de casi 100 artículos se especifican los derechos de grupos sociales, como los pueblos indígenas, los niños, las familias, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los privados de libertad e, incluso, los derechos de los usuarios y consumidores.

El proyecto incorpora un lenguaje de género, por lo que se reconocen a los bolivianos y a las bolivianas en igualdad de condiciones.

Se reconocen derechos de tercera y hasta de cuarta generación. Por ejemplo, el agua y los servicios básicos pasan a ser derechos humanos.

Se establecen los derechos económicos, al medio ambiente, a la salud y seguridad social, al trabajo y empleo, a la propiedad, a la educación, a las culturas, al deporte, a la comunicación.

Incluso, se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, lo que generó polémica con grupos conservadores.

  1. Estado plural

El gobierno de Evo Morales propugna un estado plural en reemplazo de un modelo capitalista o mixto, en el que el Estado únicamente vigilaba la economía, pero no participaba en ella.

En el proyecto constitucional se establece un modelo económico plural, basado en la economía comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

• La economía comunitaria sustituye al individualismo y se basa en la visión de los pueblos indígenas.

• La economía estatal establece el control del Estado en toda la cadena productiva y en los recursos naturales.

• En la economía privada se privilegia la inversión boliviana frente a la extranjera.

• Y, en la economía cooperativa se promueve la participación de grupos y cooperativas sin fines de lucro.

  1. Recursos

"Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al estado su administración en función del interés público", dice el artículo 349 del proyecto constitucional.

Además establece que recursos como los hidrocarburos no se pueden privatizar. El agua no se puede privatizar y tampoco concesionar. La energía sólo puede ser manejada por el Estado.

  1. Religión

En el proyecto constitucional la religión católica pierde el carácter oficial que tiene en el texto vigente.

Sin embargo, no es este artículo el que preocupa a la Iglesia Católica, sino otros que tienen que ver con:

• La declaratoria de que el Estado “es independiente de la religión”, lo que en criterio de la Iglesia Católica pone en riesgo la espiritualidad del pueblo boliviano.

• El derecho a la vida, sin especificar si es desde la concepción, lo que en criterio de grupos conservadores, podría abrir la puerta a la legalización del aborto. Sin embargo, este no representa un cambio, pues en la actual constitución también se reconoce el derecho a la vida sin especificar si es desde la concepción o desde el nacimiento.

• El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, sin detallar a qué se refieren.

• El reconocimiento de “las familias”, como si existieran otro tipo de familias que no están formadas necesariamente por un hombre y una mujer, tal como lo afirma la Iglesia Católica.

  1. Reelección

En la actual Constitución se reconoce la reelección sólo después de transcurrido un período constitucional.

Sin embargo, en el proyecto se prevé la reelección inmediata por un período, lo que le permitirá a Evo Morales postular nuevamente a la presidencia.

Además, se prevé la segunda vuelta electoral, mecanismo que sustituirá a la votación congresal, que era la que determinaba la elección del Presidente cuando éste no sacaba 50 por ciento más uno de los votos.

También según la nueva constitución se podrá pedir la revocatoria de mandatos para someter a referendo los cargos que estén en entredicho. Esa figura no existe en la actual constitución.

  1. La coca

La coca no tiene presencia en la actual Constitución, mientras que en el proyecto que se votará el 25 de enero se establece que "el estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable y como factor de cohesión social".

"En su estado natural la coca no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se rige por ley", afirma el texto.

En este capítulo, referido a la biodiversidad, también se establece la protección de los recursos genéticos y biológicos, aspecto que el gobierno de Morales utiliza para oponerse a los Tratados de Libre Comercio.

  1. Mar

En cuanto a política exterior, el proyecto constitucional establece “el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico”.

Además, establece que para algunos temas sensibles se debe convocar a un referendo para aprobar los tratados internacionales.

Y Bolivia se declara un país pacifista, que rechaza la guerra y prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio.

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MST: 25 años de obstinación

EL MOVIMIENTO SIN TIERRA SE PLANTEA NUEVOS MÉTODOS DE LUCHA

La lucha por la reforma agraria que antes se basaba sólo en la ocupación de tierras del latifundio, ahora se presenta más compleja. Tenemos que luchar contra el capital. Contra la dominación de las empresas transnacionales. Y la reforma agraria dejó de ser aquella medida clásica: expropiar grandes latifundios y distribuirlos en lotes a los pobres campesinos. Ahora, los cambios en el campo, para combatir la pobreza, la desigualdad y la concentración de riquezas, dependen de cambios no sólo de la propiedad de la tierra, sino también del modelo de producción.

Por João Pedro Stedile (desde Brasil)


En enero de 1984, había un proceso de reascenso del movimiento de masas en Brasil. La clase trabajadora estaba reorganizándose, acumulando fuerzas orgánicas. Los partidos clandestinos ya estaban en la calle, como el Partido Comunista Brasileño (PCB), el Partido Comunista del Brasil (PCdoB), etc. Habíamos conquistado una amnistía parcial, pero la mayoría de los exiliados habían regresado.

Ya se habían conformado el Partido de los Trabajadores (PT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Congreso Nacional de las Clases Trabajadoras (CONCLAT), impulsada por los comunistas que más tarde se fundió en la CUT. Amplios sectores de las iglesias cristianas ampliaban su trabajo de hormiguita, para ir generando consciencia y núcleos de base en defensa de los pobres, inspirados por la teología de la liberación. Había entusiasmo en todo lado, porque la dictadura estaba siendo derrotada y la clase trabajadora brasileña, a la ofensiva; luchando y organizándose.

Los campesinos en el medio rural vivían el mismo clima y la misma ofensiva. Entre 1979 y 1984 se realizaron decenas de ocupaciones de tierra en todo el país. Los posseiros (1), los sin tierra, los asalariados rurales, perdieron el miedo. Y fueron a la lucha. Ya no querían migrar más a la ciudad como bueyes que marchan al matadero (en la expresión de nuestro recordado poeta uruguayo Zitarrosa).

Fruto de todo eso, nos reunimos en Cascabel, en enero de 1984, estimulados por el trabajo pastoral de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), líderes de luchas por la tierra de dieciséis estados brasileños. Y allá, después de 5 días de debates, discusiones, reflexiones colectivas, fundamos el MST: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

Nuestros objetivos eran claros. Organizar un movimiento de masas a nivel nacional, que pueda concienciar a los campesinos para que luchen por tierra, por reforma agraria (implicando cambios más amplios en la agricultura) y por una sociedad más justa e igualitaria. Queríamos, en fin, combatir la pobreza y la desigualdad social. Y la causa principal de esa situación en el campo era la concentración de la propiedad de la tierra, conocida como latifundio.

No teníamos la menor idea de si eso era posible. Ni cuanto tiempo llevaríamos en busca de nuestros objetivos.

Han pasado 25 años. Mucho tiempo. Fueron años de muchas movilizaciones, muchas luchas y de una obstinación constante, de siempre luchar y movilizarnos contra el latifundio.

Pagamos caro por esa obstinación. Durante el gobierno Collor fuimos duramente reprimidos, con la instalación inclusive de un departamento especializado en sin tierra en la Policía Federal. Después, con la victoria del neoliberalismo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, hubo luz verde para que los latifundistas y sus policías provinciales ataquen al movimiento. Y tuvimos en poco tiempo dos masacres: Corumbiara y Carajás. A lo largo de esos años, cientos de trabajadores rurales pagaron con su propia vida, por el sueño de la tierra libre.

Pero seguimos la lucha.

Frenamos al neoliberalismo eligiendo el gobierno Lula. Teníamos esperanza de que la victoria electoral pudiese desencadenar un nuevo reascenso del movimiento de masas y que, con eso, la reforma agraria tendría más fuerza para ser implementada. No hubo reforma agraria durante el gobierno Lula. Al contrario, las fuerzas del capital internacional y financiero, a través de sus empresas transnacionales, ampliaron su control sobre la agricultura brasileña.

Hoy, la mayor parte de nuestras riquezas, producción y distribución de mercancías agrícolas está bajo control de las empresas transnacionales. Ellas se aliaron con los hacendados capitalistas y produjeron el modelo de explotación del agro-negocio. Muchos de sus portavoces se apresuraron a preanunciar en las columnas de los grandes periódicos de la burguesía que el MST se acabaría. Equívoco engaño.

La hegemonía del capital financiero y de las transnacionales sobre la agricultura, no consiguió, felizmente, acabar con el MST. Por un solo motivo: el agro-negocio no presenta solución alguna para los problemas de los millones de pobres que viven en el medio rural. Y el MST es la expresión de la voluntad de liberación de esos pobres.

La lucha por la reforma agraria que antes se basaba sólo en la ocupación de tierras del latifundio, ahora se presenta más compleja. Tenemos que luchar contra el capital. Contra la dominación de las empresas transnacionales. Y la reforma agraria dejó de ser aquella medida clásica: expropiar grandes latifundios y distribuirlos en lotes a los pobres campesinos. Ahora, los cambios en el campo, para combatir la pobreza, la desigualdad y la concentración de riquezas, dependen de cambios no sólo de la propiedad de la tierra, sino también del modelo de producción. Ahora, los enemigos son también las empresas internacionalizadas, que dominan los mercados mundiales. Significa también que los campesinos dependerán cada vez más de las alianzas con los trabajadores de la ciudad para poder avanzar en sus conquistas.

Felizmente, el MST adquirió experiencia en estos 25 años. Sabiduría necesaria para desarrollar nuevos métodos, nuevas formas de lucha de masas, que puedan resolver los problemas del pueblo.



Nota:

(1) Campesinos que tienen posesiones precarias de tierra, sobre todo en la Amazonía, que, sin embargo, no tienen títulos de propiedad.

João Pedro Stedile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil.

(Revista Caros Amigos, Sao Paulo, enero de 2009).

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Una larga travesía en tren

EL PUEBLO NORTEAMERICANO DEBERÁ OBLIGAR A OBAMA A CUMPLIR SUS PROMESAS DE CAMPAÑA

A lo largo del recorrido del desfile de toma de posesión repartieron miles de cintas rosadas, alentando a la gente a que se una a ellos para obligar al Presidente Obama a que cumpla las promesas de paz realizadas durante su campaña: poner fin a la guerra en Irak, cerrar Guantánamo, rechazar la Ley de Comisiones Militares, poner fin a la tortura, trabajar para eliminar las armas nucleares, mantener conversaciones directas y sin condiciones con Irán y cumplir con los tratados internacionales aprobados por el Senado.

Por Amy Goodman (desde Estados Unidos)



Comenzó con un viaje en tren. Barack Obama viajó hasta Washington, D.C. para la ceremonia de toma de mando, realizando una gira en tren de varias paradas cortas. “A los niños que escuchan el silbido del tren y sueñan con una vida mejor – por ellos luchamos”, dijo Obama en la gira, que fue comparada con el viaje en tren realizado por Abraham Lincoln desde Springfield, Illinois, a Washington D.C. en febrero de 1861, camino a la asunción de su primer mandato.

Abundan las comparaciones entre Obama y Lincoln que describen el período que va desde la abolición de la esclavitud en Estados Unidos hasta la elección de su primer presidente afroestadounidense.

El tren, sin embargo, entraña un mayor simbolismo sobre el que se sostiene el histórico ascenso de Obama a la Casa Blanca, que se remonta a la lucha por los derechos civiles, refleja el activismo de base sin precedentes que formó el núcleo de la campaña de Obama y traza hacia dónde podría dirigirse la nación durante su gobierno.

A. Philip Randolph fue un legendario líder sindical y de los derechos civiles. Organizó la Hermandad de Maleteros de Coches Cama (BSCP, por sus siglas en inglés), los hombres que atendían a los pasajeros en los vagones nocturnos construidos por la Compañía Pullman. A pesar de que el trabajo de maletero estaba mejor remunerado que muchos trabajos disponibles para los afroestadounidenses en la época, igualmente había injusticias e indignidades.

La práctica común, por ejemplo, era llamar a los maleteros “George”, sin importar cuál era su nombre verdadero, por el dueño de la empresa, George Pullman. Miles de maleteros procuraron mejoras mediante la negociación colectiva. (Irónicamente, luego de la muerte de Pullman en 1897, la Compañía Pullman fue administrada por el único hijo de Abraham Lincoln que quedaba con vida, Robert Todd Lincoln, hasta mediados de los años 20). La lucha de Randolph por organizar a los trabajadores en un sindicato llevó 12 años, desde 1925, atravesando la crisis económica de 1929, hasta el gobierno de Franklin Delano Roosevelt.

Harry Belafonte recordó en una reciente entrevista con Tavis Smiley una historia que le contó Eleanor Roosevelt: “Fue cuando presentó por primera vez a A. Philip Randolph, un gran líder sindical de la década del 30 y quien formó parte del movimiento por los derechos civiles. Se lo presentó a Franklin Delano Roosevelt por primera vez en una cena, y Roosevelt le imploró que por favor le dijera lo que pensaba de la nación, lo que pensaba de los problemas del pueblo negro y lo que pensaba…hacia donde se dirigía la nación”. Y A. Philip Randolph habló en forma elocuente sobre lo que pensaba, y cuando terminó Roosevelt le dijo: “Ud. sabe, Señor Randolph, escuché todo lo que dijo esta noche, y estoy totalmente de acuerdo con Ud. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo, incluso mi capacidad para corregir muchos de estos errores y de utilizar mi poder y el estrado. …Pero le pediría una cosa, Sr. Randolph, y es que salga y me obligue a hacerlo”.

Esta historia fue contada nuevamente por Barack Obama en un evento de recaudación de fondos de su campaña en Montclair, Nueva Jersey, hace más de un año. Fue en respuesta a una pregunta que le hizo una persona sobre encontrar una solución justa al conflicto Israel/ Palestina. Luego de volver a contar la anécdota de Randolph, Obama dijo que él era solo una persona, que no podía hacerlo solo. La respuesta final de Obama fue: “Oblígueme a hacerlo”.

Ese es el desafío.

Luego de lograr una resolución en la lucha laboral de Pullman, Randolph continuó. Enfrentó a FDR al comenzar a organizar una marcha en Washington programada para 1941, para poner fin a la segregación en las fuerzas armadas y para asegurar que la actividad económica en torno a la guerra estuviera igualmente disponible para los afroestadounidenses. FDR emitió una orden ejecutiva, y más tarde, el Presidente Harry S. Truman abolió la segregación en las fuerzas armadas. Randolph, Bayard Rustin y Martin Luther King Jr. organizaron la histórica “Marcha sobre Washington” de 1963, que sirvió como fuerte y simbólico telón de fondo para la victoria de Obama. Este fin de semana histórico también coincide con el cumpleaños del Dr. King. Si King hubiera sobrevivido, habría cumplido apenas 80 años de edad.

Mientras Obama comienza su primera semana como presidente, algunos podrán advertir que es justo esperar y ver qué hará. Pero el grupo por la paz Code Pink no esperará. A lo largo del recorrido del desfile de toma de posesión repartieron miles de cintas rosadas, alentando a la gente a que se una a ellos para obligar al Presidente Obama a que cumpla las promesas de paz realizadas durante su campaña: poner fin a la guerra en Irak, cerrar Guantánamo, rechazar la Ley de Comisiones Militares, poner fin a la tortura, trabajar para eliminar las armas nucleares, mantener conversaciones directas y sin condiciones con Irán y cumplir con los tratados internacionales aprobados por el Senado.

Simplemente sigan el propio consejo de Obama: oblíguenlo a hacerlo.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Amy Goodman es conductora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.

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Minería = Muerte

EL CONGRESO ECUATORIANO APROBÓ UNA POLÉMICA LEY MINERA

La nueva ley minera aprobada por el “congresillo” del Ecuador, constata al menos tres cosas: uno, que el movimiento indígena local que otrora derribaba gobiernos y presidentes traidores, ahora está un tanto dividido y debilitado. Dos, que el gobierno del actual presidente Correa sigue manejando una política neoliberal, pese a los pequeños avances de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, y su promesa postergada de no pagar la deuda externa. Tres, que tanto en Ecuador como en Perú, Argentina y Chile, entre otros tantos países, los abusos y la contaminación de nuestra Madre Tierra, la Pachamama, continúan, perpetrando la invasión violenta a los pueblos originarios andinoamazónicos.

Por Xuan Pablo Gonzalez (desde Ecuador)



“No arranquéis las entrañas de la Tierra, o los ríos y los árboles llorarán.”

Jefe Keokuk



El movimiento indígena

“La Tierra es nuestra madre y nos alimenta.

Lo que le hagamos, nos será devuelto.”

Begadi



El movimiento indígena está debilitado. Según dicen algunas voces de activistas ecologistas, izquierdistas e indígenas, debido a que el gobierno “compró” a varios dirigentes, del movimiento de resistencia más longevo del continente americano o Awya Yala.

Pero dentro del movimiento indígena continúa la rebeldía, y esto dicen algunos guerreros y guerreras originarios: “la ley minera favorece los intereses por más de 30 años para las empresas transnacionales. El gobierno en dos años ha impulsado proyectos sin transparencia y sin diálogo con los sectores indígenas y sociales, dos años de un gobierno de carácter neoliberal y sin garantizar los derechos fundamentales, el derecho a una vida y ambiente sano…Nosotros y nosotras hijos/ as de la Pacha Mama recuperamos el derecho a la resistencia y llamamos a la unidad nacional, y decimos no más traición a la Patria, no más venta y entrega de nuestros recursos naturales.”

Según se pudo escuchar en protestas y manifestaciones contra la ley minera, pueblos indígenas de la Amazonía como los aguerridos Shuar, han dicho que se paraban en pie de guerra ante el avance de las empresas mineras transnacionales en su territorio, hartos de la contaminación y la invasión de sus tierras ancestrales.

También la CONAIE (Consejo de Nacionalidades indígenas del Ecuador): “niega tajantemente las declaraciones del Ministro de Gobierno acerca de una posible vinculación golpista entre la organización indígena y militares.”



Los grupos ecologistas

“Un día la Tierra llorará, implorará por su vida, verterá lágrimas de sangre. Vosotros tendréis la elección de ayudarla o dejarla morir, y cuando muera, vosotros también moriréis.”

John Hollow Horn



Por su parte grupos ecologistas como Acción Ecológica han participado de una huelga de hambre en la capital, y Gloria Chicaiza dijo sobre la ley minera: “Todo el mundo reconoce que la ley es mala… cuando en realidad lo que debería entrar en vigencia es el mandato minero de la Asamblea Constituyente que nunca fue ejecutado.”

Por otra parte la FUA o Frente Urbano Antimineros han dicho: “Nuestra convicción es anticapitalista… Nuestra convicción es humanista… no podemos pactar con los enemigos de la humanidad, aquellos que envenenan el agua y no nos dejan sembrar”.

Y desde Chasqui Libertario dicen“¿Acaso queremos acabar con la tierra, con la Pachamama contaminando sus ríos, eliminando sus montañas contaminando el planeta, con tal de obtener unos dineritos para salvar al presente de la crisis? y ¿el futuro? ¿Y nuestros hijos y las futuras generaciones? ¿Qué comerán, que beberán?… Los recursos que se intentan explotar no son renovables. Se dañará irremediablemente el agua, el aire y la tierra… Los únicos beneficiados son los grandes capitalistas…”



La represión a las marchas y protestas

“¿Por qué es el pueblo difícil de gobernar? Porque los de arriba intervienen demasiado y sirven a sus intereses personales.”

Lao Tse



“15000 policías en las calles” decían los manifestantes indignados (indígenas, ecologistas, socialistas, anarquistas, etc.), en la marcha del 20 de enero, en Quito, paralela a distintas marchas y protestas en varias provincias del país (según un comunicado de la CONAIE: “en varias capitales provinciales: Guaranda, Ambato, Latacunga, Riobamba, Loja, Cuenca, Cañar, Macas, en ciudades como Otavalo, Cayambe, Pastaza, miles de indígenas marchan pacíficamente hacia las respectivas gobernaciones con el fin de entregar manifiestos en los que se reflejan sus reivindicaciones fundamentales”.)

Un boicot y bloqueo policial cortó rutas y calles para que la gente no pudiera manifestarse, y reprimió en consecuencia.

Desde la capital, desde el parque del Arbolito, se dijo: “4 compañeros detenidos en Otavalo… 11 compañeros en la provincia de Imbabura… 3 compañeros en Pichincha… en Cayambe y Tabacundo 5 compañeros no se sabe donde están…” Y la liste sigue… en Cuenca fueron detenidos dirigentes y reprimida y desalojada una huelga de hambre… 3 manifestantes fueron detenidos en el cantón Pedro Moncayo… y la lista sigue…

Correa, defendiendo los intereses neoliberales ha prometido “mano dura” y está cumpliendo.

Y los manifestantes gritando:

“Correa entreguista,

lacayo capitalista.”

Y las pintadas en Quito –la imprenta del pueblo- dicen: “Presidente Neoliberal/ sediento de Mineral”. “Paredes blancas mentes vacías/ abajo la minería”. “Por la vida/ Antiminería”. “No Minería/ Sí Agricultura”

“Aguanta Pachamama

ahí vamos”

Lo que este gobierno y otros gobiernos represores y/o armamentistas deberían recordar, son aquellas proféticas palabras del sabio taoísta: “Está en la naturaleza de las armas militares volverse contra quienes las manejan”.

En el Azuay, los indígenas tomaron de rehén y golpearon a un policía, en días pasados. También más policías fueron apedreados y heridos en Tabacundo.

Las voces de la última marcha aquí en la mitad del mundo, decían también que “los ministros de la derecha… mandan a oprimir a los indígenas… estamos viviendo un acto de represión… el régimen se está desviando… no nos permiten manifestar… hay dictadura en este país… hay que ver la inconstitucionalidad de la ley… Abajo la partidocracia… este es un llamado de atención al presidente de la república… ”

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Sobre el genocidio israelí al pueblo palestino

DECLARACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS

Los medios masivos de comunicación hacen un uso tendencioso de la información generando pánico o inmovilización con el propósito de impedir una clara conciencia sobre la realidad. Que ocultan y tergiversan los hechos con el objetivo de considerar a las víctimas como victimarios; justificar la matanza que el Estado de Israel lleva a cabo sobre el pueblo palestino bajo la excusa de la agresión de Hamas; y ocultar que los territorios palestinos han sido usurpados por Israel, y el auténtico origen del conflicto.

Por Red Nacional de Medios Alternativos


Aunque se lleva a cabo el retiro de las tropas israelíes en la Franja de Gaza y el cese del fuego desde la grave "unilateralidad" del Estado de Israel, el conflicto en Medio Oriente está lejos de una paz verdadera y estable. Por eso, declaramos:

- Que la operación "Plomo fundido" llevada adelante por el Estado de Israel, con la complicidad y consentimiento del gobierno de EE UU, significa una violación a los derechos más elementales de los pueblos que debe ser encuadrada en un claro genocidio y crímenes de lesa humanidad, por los organismos internacionales y el Estado Nacional. Que debemos repudiarlo, los pueblos en su conjunto, desde todas las fuerzas que contamos para hacerlo.

- Que los medios masivos de comunicación hacen un uso tendencioso de la información generando pánico o inmovilización con el propósito de impedir una clara conciencia sobre la realidad. Que ocultan y tergiversan los hechos con el objetivo de:

1) Considerar a las víctimas como victimarios.

2) Justificar la matanza que el Estado de Israel lleva a cabo sobre el pueblo palestino bajo la excusa de la agresión de Hamas.

3) Ocultar que los territorios palestinos han sido usurpados por Israel, y el auténtico origen del conflicto. Que fue Israel quien rompió la tregua de paz (secuestró a legisladores, asesinó a siete palestinos, construyó muros, impuso un bloqueo criminal antes de que ganara las elecciones Hamas).

- Que la guerra es inherente a la política de los opresores tanto como imponer su dominación económica, política y cultural a través de formas que ellos disfrazan como "pacificas".

- Que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es inalienable. Que los derechos en su conjunto se ejercen y son indivisibles, de lo contrario no existen. El pueblo palestino debe ser reconocido en su autonomía por la comunidad internacional y por el Estado de Israel recobrando su territorio usurpado y destruido.

- Que reconocemos el pleno derecho del pueblo palestino a defenderse de la agresión sionista. Que repudiamos enérgicamente la violencia de la cual sólo es responsable el Estado de Israel que asesina a una población civil inerme, en clara violación al derecho internacional.

- Por todo esto convocamos a todas las organizaciones e individuos que tengan acceso a esta declaración para:

1) Difundir las informaciones que lleguen desde los territorios ocupados por Israel para quebrar el bloqueo informativo.

2) Exigir a los gobiernos la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel hasta que el retiro de tropas y cese del fuego se consoliden en un genuino acuerdo de paz y justicia con el sostén de los Estados.

3) Exigir que se enjuicie al Estado de Israel con sus responsables ideológicos y ejecutores directos de tan grave delito.

4) Realizar una campaña de solidaridad material de recolección de alimentos y medicamentos para enviar al pueblo palestino.



LA INFORMACIÓN ES PODER, HAGÁMOSLA CIRCULAR

RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS (RNMA) –Argentina

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El curro y los turros

PROSTITUCIÓN: EXPLOTACIÓN DE CLASE Y DE GÉNERO, NEGOCIOS TURBIOS Y CONTROL SOCIAL (SEGUNDA PARTE)

Cada tanto los medios de la ciudad de Buenos Aires agitan el tema de la prostitución a través de notas sensacionalistas que procuran escandalizar a sus públicos y llamar la atención de las autoridades civiles y policiales. Eso sí: lo que preocupa a periodistas políticamente correctos, a probos funcionarios, a honestos policías y a numerosos vecinos de moral insospechada, no es la mera existencia de prostituyentes y prostitutas sino que éstas oferten su cuerpo en espacios públicos. En otras palabras, no les interesa que haya tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas; lo que horroriza a estos nobles ciudadanos es que la prostitución esté a la vista. Por lo tanto entienden que se la puede ejercer, pero en ámbitos ocultos. Esta doble moral hipócrita y burguesa es la responsable de que la prostitución haya servido, desde siempre, para engrosar la caja negra policial.

Por Marcelo R. Pereyra



MALDITOS EDICTOS

La Ordenanza 5.953 dispuso en 1934 la clausura de los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de ello muchas prostitutas pasaron a trabajar en lupanares ubicados en los extramuros de la ciudad, por ejemplo en la isla Maciel y en Avellaneda. Otras prefirieron ofrecerse en las calles porteñas. Esta últimas cayeron bajo el control de la Federal, la que en razón de los draconianos Edictos Policiales había tomado el control del espacio público. Las prostitutas podían ejercer tranquilamente si en forma previa habían pagado el correspondiente diezmo policial.

No fue casual que el autoritarismo nacionalista, responsable del golpe del 6 de septiembre de 1930, haya sido el que legitimó los Edictos Policiales, pues el uriburismo –la oligarquía ganadera y financiera- entendía que había que poner “orden” en el país y en su ciudad capital. Se veía con espanto el ascenso de una poderosa clase media, hija del proceso migratorio, que había encontrado una porción de poder político con Hipólito Hirigoyen y amenazaba con minar la histórica hegemonía oligárquica. Para las clases altas los de abajo eran también una molestia cultural y social. Buenos Aires se había llenado de tanos, gallegos y “rusos” (judíos); gente “sin educación ni modales”, multitudes de laburantes que vociferaban en las ferias y mercados, que se apiñaban en los conventillos y que pululaban por sus calles día y noche mezcladas con crotos, marineros, escruchantes, rufianes, pungas y prostitutas. En suma, una desangelada chusma a la cual era necesario controlar sin miramientos ni demasiados requisitos legales.

Con los Edictos la Policía Federal podía detener por vagancia, averiguación de antecedentes, actitud sospechosa, falta de documentos, ebriedad, escándalo, y otros ilegalismos. En la práctica los Edictos no eran un mecanismo para sancionar faltas, sino un sistema de control social porque la policía podía encarcelar a un gran número de personas sin supervisión judicial. Por otra parte, las cifras de personas detenidas le servían a la agencia policial para “hacer estadística”, es decir, para generar la impresión de eficacia prevencional y, de paso, como fundamento para reclamar más presupuesto.

Los Edictos Policiales, y otros reglamentos de contravenciones, tuvieron su fundamento ideológico en el anteproyecto de código pergeñado en 1898. Aquel digesto coercitivo contenía distintas figuras –que incluían tanto conductas como tipos de personas– cuya existencia en la ciudad debía ser reprimida y/o corregida. Los reglamentos y códigos contravencionales posteriores poco variaron las características de estas figuras –que custodiaban las “buenas costumbres”, el “orden público” y la “seguridad personal”. Más bien las ampliaron, las desagregaron y sin derogar las decimonónicas, adaptaron otras a tiempos más actuales.



MALDITO CÓDIGO

Para mediados de la década de los ‘90 en las calles de Buenos Aires se hicieron cada vez más visibles de las consecuencias de las políticas neoliberales: niños mendigos, cartoneros, limpiavidrios, cuidacoches, vendedores ambulantes, personas sin techo y marchas piqueteras. En forma paralela aumentaron significativamente los delitos contra la propiedad. Rápidamente los sectores medios y altos, las autoridades políticas y los medios de comunicación establecieron una estrecha correspondencia entre ambos fenómenos. Reaparecieron entonces los reclamos por más orden, seguridad y control para con los sectores populares marginados. La prostitución callejera, mientras tanto, era una preocupación menor, restringida a los vecinos de los barrios donde era más visible.

La Federal exhibía con orgullo una imagen de eficacia preventiva mayúscula en el aspecto contravencional, pero ocultaba su escasa capacidad en la lucha contra el crimen, porque había un desorbitado número de detenciones por los Edictos, pero muchísimas menos por delitos comprendidos dentro del Código Penal. En 1995 las detenciones policiales por contravenciones se elevaron a 150.880, a las que habría que agregar muchas otras por averiguación de antecedentes y/o identidad. Por la arbitrariedad que caracterizó a la mayoría de ellas, puede decirse que estas detenciones llegaron a conformar un sistema penal paralelo e ilegal que fue avalado por todas las instancias del Poder Judicial. Incluso la Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de los Edictos. Por otro lado, la capacidad recaudatoria de la Policía Federal también había aumentado: en tanto que más personas obtenían recursos de su actividad informal en la vía pública, mayor era la posibilidad de exigirles un “permiso” para desarrollarla.

Operando libremente, sin tener que rendir cuentas ni ser cuestionada por ninguno de los tres poderes republicanos, la Policía Federal parecía haber obtenido para siempre el control del espacio público porteño. Se la había facultado para regular las conductas y las actividades, tanto las legales como las informales -o las de status equívoco-, y utilizaba las detenciones por edictos como mecanismo de recaudación, control e intimidación.

Pero cuando se comenzó a debatir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires muchos diputados se propusieron poner fin a este abuso funcional. En efecto, la Constitución sancionada en 1996 dispuso la sanción de un código de contravenciones que reemplazaría a los Edictos Policiales y en el que expresamente deberían estar prohibidas las detenciones preventivas en materia contravencional. Distintos proyectos del código comenzaron a debatirse y fueron agrupados por la información periodística en "duros" y "garantistas". Los referentes del segundo grupo creían conveniente sustraerle a la Policía Federal la posibilidad de efectuar detenciones arbitrarias. La institución policial presionó fuertemente sobre la Legislatura cuando advirtió que si triunfaba el "garantismo" mermaría su recaudación ilegal. Los funcionarios policiales advirtieron a través de la prensa que sin los Edictos no tendrían forma de combatir el delito.

Al sancionarse el Código de Convivencia Urbana, en marzo de 1998, se desactivaron los Edictos Policiales, pero a pesar de que en su artículo 13 estaba expresamente prohibido el arresto preventivo por incurrir en una contravención, la Policía Federal continuó con su política de detenciones arbitrarias e ilegales. De todas maneras el Código fue muy criticado a través de los medios de comunicación por funcionarios de los poderes ejecutivos nacional y local. Argumentaban que se había creado un vacío legal que le impediría a la policía desempeñar "normalmente" sus tareas preventivas de "lucha contra el delito", con lo cual confundían -¿a propósito?- la misión de un código de contravenciones –la gestión del conflicto urbano- con la problemática delictiva.

En lo que se refiere a la prostitución, el Código de Convivencia no incluyó la figura de la “oferta sexual”, que supuestamente sancionaría su ejercicio. Diversos grupos de vecinos comenzaron a protestar contra el Código más preocupados, en un principio, por la moralidad pública que por el delito. Finalmente el cúmulo de presiones dio sus frutos y sólo tres meses después de haber sido sancionado se reformó el Código. La Legislatura incorporó, entre otras figuras, la de “alteración de la tranquilidad pública”. Esta norma no penalizó en forma directa la oferta sexual ni reglamentó el ejercicio de la prostitución. En todo caso sancionaba la prostitución “escandalosa”, es decir aquella que podría perturbar la “tranquilidad pública”, en tanto que en su ejercicio se produjeran disturbios en la cercanía de viviendas, colegios o templos. Si fuese necesario detener a los contraventores/as sólo lo podría hacer el Ministerio Público.

Esta modificación no conformó a los que pretendían sanciones más vehementes contra la prostitución, pero la problemática del delito estaba cobrando nuevos bríos cuando, hacia fines de septiembre de 1998, un grupo de vecinos llamó a una concentración para exigir una política de seguridad a partir de la derogación de "las leyes que amparan a la delincuencia", es decir el Código de Convivencia Urbana. A pesar de que la concurrencia al acto no fue muy numerosa los noticieros televisivos realizaron una amplia cobertura. Otros medios también la emprendieron contra la reforma del Código. Por ejemplo, dos meses más tarde, el 23 de noviembre, La Nación publicó la siguiente nota:

"SE INSTALO EN RECOLETA UNA ZONA ROJA/Hay estado de alerta por el auge del comercio sexual en el barrio (…) El paredón del cementerio en el que descansan los restos de los más distinguidos próceres argentinos es testigo de encuentros fugaces entre las jóvenes que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero y sus ocasionales clientes. (...) De la mano de la permisividad del nuevo código, decenas de muchachas oriundas de los países limítrofes, del Caribe y del interior coparon virtualmente dos manzanas del elegante barrio porteño" (el subrayado es nuestro).

Entre otros testimonios de vecinos de la zona, la nota transcribía el del presidente de la Asociación Vecinal Recoleta: "Estamos invadidos por los artesanos, los payasos y los tarotistas. Sólo nos faltaban las prostitutas y los homosexuales".Apenas cuatro días después La Nación publicó:

"EL NARCOTRÁFICO Y LA PROSTITUCIÓN NO QUIEREN IRSE DE LA RECOLETA/ Detuvieron a dos jóvenes dominicanas con cocaína; el distribuidor logró huir".

Según el relato periodístico, la División Seguridad Personal de la Policía Federal, alertada por la nota del día 23, había “redoblado” la “vigilancia” para “aplicar la ley de profilaxis”. Como resultado de esa “vigilancia” se había perseguido un auto en las inmediaciones del cementerio de la Recoleta, persecución que finalizó cuando el conductor estrelló el vehículo y escapó a pié. Los policías detuvieron a dos chicas que estaban en el interior del auto y prontamente encontraron en la guantera "61 papeles glacé con 3 gramos de cocaína cada uno escondidos en la caja de un casete". Las detenidas explicaron que acababan de conocer al conductor fugado quien las había contratado en la zona de Constitución. No obstante, La Nación avaló la versión policial según la cual “el prófugo era un ‘dealer’ que distribuía drogas en la zona y que las dos jóvenes podrían ser sus punteras encargadas de venderla a los habitués de los pubs de la zona". Sin embargo, la realidad resultó ser muy otra. Se trató de un operativo ilegal de la Federal, aprovechándose de las quejas de la primera de las notas de La Nación, que tuvo tres objetivos: demostrar que con el Código de Convivencia no se podía controlar adecuadamente la prostitución, relacionar a ésta con un delito –el del narcotráfico- e implantar la idea de que era imprescindible volver a reformar el Código para devolverle a la fuerza policial las facultades perdidas. A pesar de que las dos prostitutas detenidas fueron procesadas en primera instancia por tenencia de droga y robo de automotor, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional las sobreseyó y procesó por privación ilegítima de la libertad, falso testimonio agravado, falsedad ideológica, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario publico a dos de los policías que participaron de la farsa.

Como con la reforma del Código la agencia policial tampoco pudo recuperar totalmente el poder que le habían proporcionado los Edictos, implementó nuevos operativos ilegales, como el de Recoleta, en los que detuvo a prostitutas y a ciudadanos inocentes a los que les plantó armas, drogas y explosivos (Años más tarde, una comisión investigadora de la Procuración General de la Nación, que encabezó el actual juez federal Daniel Rafecas, detectaría cerca de cien “Procedimientos Policiales Fraguados” montados entre 1993 y 2003).

Algunas voces criticaron el accionar de la Federal en relación con la prostitución. Aníbal Ibarra –que era vicepresidente de la Legislatura- la acusó de tolerar y consentir el funcionamiento de cientos de prostíbulos en la Capital, “a pesar de que están prohibidos por la ley” (Clarín, 26/9/98). Por su parte, el hoy juez supremo Eugenio Zaffaroni y por aquel entonces jefe del bloque de legisladores del FREPASO, en declaraciones a La Nación (27/11/98), se manifestó reacio a endurecer más el Código: "No les vamos a dar nuestro apoyo a las modificaciones del código porque el que rige actualmente ya está regulando la actividad de las prostitutas. (...) La culpa de lo que está pasando es pura y exclusivamente de la policía". El matutino agregaba luego que Zaffaroni "a la hora de justificar la presunta actitud policial, dijo: '¿Sabe lo que pasó?: que los policías dejaron de recaudar los 50 pesos que le cobraban a cada prostituta por noche para que pudiera trabajar" (el subrayado es nuestro). En este sentido también las organizaciones de derechos humanos rechazaron nuevas reformas al código contravencional al considerar que “la sanción de la prostitución significaría un serio retroceso para las libertades individuales reconocidas y que su penalización daría lugar, nuevamente, al ejercicio discrecional de la fuerza policial”.

Con el paso del tiempo la polémica por la prostitución se enfrió y pasó a un segundo plano opacada por las llamadas “olas de inseguridad”. El Código finalmente no fue modificado, pero entre julio y agosto de 2004 en la Legislatura porteña se debatieron nuevos proyectos de reforma orientados básicamente a incrementar el control del espacio público: si bien se insistió con penalizar la prostitución, la acción punitiva se amplió hacia la venta ambulante y otras actividades que, por cierto, siempre estuvieron ilegalmente reguladas de facto por la Policía Federal.



FINAL PROVISORIO

La prostitución ha tenido históricamente un costado sumamente redituable, no sólo para los rufianes, proxenetas y tratantes, sino también para funcionarios y policías corruptos. Es que, como todo otro ilegalismo, la prostitución propicia el ilegalismo del poder político y policial, puesto que cualquier prohibición, y aún cualquier regulación –como el Reglamento de 1875 y los Edictos Policiales- crea en torno suyo un campo de prácticas ilegalistas sobre el cual se llega a ejercer un control y a obtener un provecho ilícito. Aquí reside la explicación de por qué nunca se sancionó una prohibición total de la prostitución. Para el Código Penal argentino no constituye delito, pese a que socialmente se la considera como el prototipo de la desviación femenina. El objetivo de las reglamentaciones y leyes sobre la prostitución no ha sido en ningún caso, erradicarla, prohibirla, o censurarla, sino administrarla. Mantenerla dentro del límite de una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora, y convertirla en un excelente curro para muchos turros que lucran con el sometimiento y la explotación de un ser humano.

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